Los hermanos Calabuig Gimeno, propietarios de Aigües de Catalunya, se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional a partir del próximo 2 de noviembre. Lo harán junto a los exdirectivos del Banco de Valencia y Bancaja, Domingo Parra, Aurelio Izquierdo, José Cortina y Manuel Setién, por el llamado caso Costa Bellver, en el que se juzgará una operación inmobiliaria desarrollada por todos ellos en la zona del mismo nombre de Oropesa del Mar.
El fiscal considera responsables a Parra y a Izquierdo mientras que apunta a Eugenio, Enrique, Celia, Pedro y Mercedes Calabuig Gimeno como cooperadores necesarios. La Fiscalía considera como principal responsable de esta «operación irregular» a Parra, al que acusa de haber dirigido la compra de la inmobiliaria Costa Bellver, según recoge Valencia Plaza. Parra era, a la vez, consejero delegado del Banco de Valencia y consejero de la sociedad de cartera Inversiones Financieras Agval, propietaria de la mayoría accionarial de Aguas de Valencia. Agval estaba participada al 50% por Banco de Valencia y los Calabuig. Estos últimos, a través de Global Omnium, son propietarios de Aigües de Catalunya, presidida por el controvertido David Madí, mano derecha en su día del expresidente Artur Mas e implicado en la operación Voloh. Un caso en el que se investiga si Madí y otros están financiando con dinero público la estancia del fugado Carles Puigdemont en Waterloo.
Vendedores y compradores
La Fiscalía considera, según relata el digital valenciano, que entre 2007 al 2011, mientras ejercía ambos cargos, Parra llevó a cabo esta «operación irregular«, la compra de la inmobiliaria Costa Bellver. Esta sociedad estaba participada por Fucsa, sociedad de los Calabuig. Agval compra la inmobiliaria en 2009, en plena crisis del sector, a un precio de 80.044 euros por acción. Esto hizo que se beneficiaran de «forma injustificada» tanto los Calabuig como Fucsa y perjudicó a Agval y al Banco de Valencia.
La operación, según el relato de la Fiscalía, se llevó a cabo «sin ninguna supervisión bancaria» y «beneficiando de forma fraudulenta a la vendedora». «Domingo Parra no comunicó a su banco que estaba realizando esta operaciones como consejero de Agval, mientras que los Calabuig votaron a favor de la compra a pesar de que tenían un conflicto de intereses, al ser ellos los vendedores», añade Valencia Plaza.
Los bancos fueron los grandes perdedores de esta operación. Bancaja perdió 25,25 millones de euros. En el caso de Agval y el Banco de Valencia se considera que la pérdida fue de 5,5 millones. Caixabank, que absorbió al Banco de Valencia, no hizo ninguna reclamación pues logró 90 millones de euros al vender a los Calabuig el 50% de Agval.
La querella fue presentada en febrero de 2012 por la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia. El juicio se celebrará a partir del próximo 2 de noviembre y los acusados se sentarán en el banquillo los días 4, 10, 11 y 16. Entre el 17 y el 30 de noviembre será el turno de los testigos. La sentencia no se conocerá hasta el primer trimestre de 2022.
