Tal y como era de esperar, Carles Puigdemont se ha alzado este domingo como el líder más votado por los socios del Consell per la República para la Asamblea de Representantes. El expresidente ha logrado 21.086 votos. El censo estaba formado por cerca de 88.000 socios de la entidad y han votado un total de 22.216 (25,7%). Clara Ponsatí (20.626 votos), Toni Comín (19.461 votos) y Lluís Puig (17.997 votos), los que los separatistas llaman los «exiliados, han logrado los puestos segundo, tercero y cuarto. El quinto se lo ha llevado la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ha obtenido 17.083 votos.
Los socios del Consell per la República, oficialmente unos 100.000, podían votar este fin de semana en una elección telemática cuyo objetivo es formar la Asamblea de Representantes, una especie de Parlament en Waterloo desde el que seguir presionando a ERC. Se podían presentar dos tipos de candidatos: ciudadanos anónimos (81 escaños) y cargos electos de Cataluña (40 escaños). Esta asamblea tiene que escoger ahora su propia presidencia y, posteriormente, la del Consell per la República.
Junts ha logrado monopolizar este parlamento ficticio del que han quedado fuera los dos concejales de ERC que habían presentado candidatura. Han logrado entrar los dos que había presentado Poble Lliure (CUP), David Fernández y Ona Curto.
Un Govern privado y paralelo
El Consell per la República está concebido como un Govern paralelo desde el cual marcar las líneas de trabajo al Ejecutivo autonómico catalán real. Mientras el presidente del Govern fue el posconvergente Quim Torra, pocos dudaban de que las decisiones sobre Cataluña se tomaban desde Waterloo. El mismo Torra se había presentado ante los catalanes como «presidente vicario» a las órdenes de Puigdemont. Esta entidad la forman Junts y ERC con la Assemblea Nacional Catalana y la participación de algunas de las organizaciones incluidas en la CUP. Pero, desde el minuto uno, quedó claro que era una organización al servicio de Carles Puigdemont y de su proyecto político.
El resultado electoral de este fin de semana debería, a priori, obligar a ERC a tomar una decisión definitiva sobre su permanencia en una asociación privada que sigue pretendiendo tutelar al republicano Pere Aragonés mientras, por otro lado, dedica sus millonarios recursos a la defensa legal de Carles Puigdemont y el resto de fugados y a promover iniciativas en contra de España.
