Unos 40 informes realizados por el Tribunal de Cuentas desde 2019 ponen de manifiesto, según el PSC, la «mala praxis generalizada y recurrente» que existe en los 365 organismos dependientes de la Generalitat (entre fundaciones y consorcios).
Así lo ha declarado el diputado socialista en el Parlament, Jordi Riba junto a la portavoz del PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero. Riba ha puesto sobre la mesa que el 77% de estos informes incluyeron observaciones en cuanto a la contratación de personal en estos organismos dependientes del Govern, mientras que en el 72% se hacían observaciones vinculadas a la contratación de bienes y servicios.
El 77% de estos informes incluyeron observaciones en cuanto a la contratación de personal en estos organismos dependientes del Govern, mientras que en el 72% se hacían observaciones vinculadas a la contratación de bienes y servicios.
365 organismos dependientes de la Generalitat, «demasiadas»
Esto, según Riba, vuelve a poner el foco en la «falta de transparencia» que, aunque no necesariamente demuestre la comisión de hechos delictivos, si deja al descubierto «graves problemas de gestión». Estos problemas, insiste, deben solucionarse, por ejemplo, «mediante una reducción drástica del número de entidades que compran». Según el diputado socialista, una reducción permitiría controlar de forma más efectiva la gestión interna. Y es que Cataluña es la autonomía que más organismos dependientes tiene, muy por encima de Andalucía, que le sigue con 200 (165 menos) y Madrid con 100.
Cataluña es la autonomía que más organismos dependientes tiene, muy por encima de Andalucía, que le sigue con 200 (165 menos) y Madrid con 100.
Entre los informes analizados por los socialistas se recogen observaciones, entre otros organismos, sobre el Institut Català de la Salut (ICS), la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), el Consell Català de l’Esport y la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) cuando la dirigía la actual presidenta del Parlament, Laura Borràs.
Según la Sindicatura de Cuentas, entre 2016 y2018 «a cinco adjudicatarios se les adjudicaron contratos menores sucesivos en los que la Sindicatura considera que se incumplió el artículo 86.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público y que, en consecuencia, hubo un fraccionamiento de la contratación».
