El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha concluido este jueves la instrucción sobre si el ex presidente del Parlament y hoy conseller de Trabajo, Roger Torrent, y algunos de los integrantes de la Mesa durante la anterior legislatura, como Eusebio Campdepadrós y Adriana Delgado, desobedecieron las órdenes del Tribunal Constitucional cuando, durante la pasada legislatura, tramitaron mociones para debatir en la Cámara autonómica asuntos como la celebración de otro referéndum independentista o contra la monarquía.
Ahora las acusaciones tienen 10 días de plazo para formalizar sus escritos de acusación y que se proceda a la apertura de juicio oral o, por el contrario, el archivo de la causa. Todos ellos están acusados de un presunto delito de desobediencia grave pues tramitaron estas mociones y permitieron el debate de las mismas en el Parlament a pesar de las advertencias del Constitucional.
Desobediencia grave
La magistrada que firma el auto del TSJC, María Eugenia Alegret, indica en el mismo que «existe una apariencia razonable y suficiente de que los investigados pudieran haber cometido uno o varios delitos de desobediencia grave«. También considera que todos ellos actuaron «con desprecio a la legalidad constitucional«. Y recuerda que «la autonomía organizativa de las cámaras, principio básico y fundamental en toda sociedad democrática, no puede suponer la creación de un espacio estanco e inmune al Estado de derecho». «El Parlamento», recuerda la magistrada, «no es un lugar inmune al cumplimiento de la legalidad y al principio de jerarquía normativa».
El auto se ha dado a conocer días después de que el ex vicepresidente de la Cámara, el posconvergente Josep Costa, fuera detenido para declarar ante la magistrada Alegret. Costa se había negado a acudir voluntariamente al TSJC y, cuando lo hizo detenido, fue para no decir absolutamente nada con la excusa de que no reconoce la jurisdicción española. Precisamente el miércoles, Josep Costa amenazaba a la magistrada con ampliar la querella que, al parecer, prepara contra ella por haber ordenado su detención.
Este proceso fue iniciado tras una denuncia de Vox, partido que este jueves, a través de un comunicado, ha recordado que es «acusación particular» y que los investigados podrían ser inhabilitados para empleo o cargo público por un periodo de entre seis meses y dos años».
