El constitucionalismo en Cataluña está este miércoles de enhorabuena tras la decisión del Tribunal Supremo de confirmar que la Generalitat debe garantizar que el 25% de las clases se impartan en castellano, la lengua materna de más de la mitad de los catalanes. El Supremo rechaza así el recurso presentado por la Generalitat a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ya fijaba este porcentaje de clases en castellano como obligatorio, aunque pocos centros educativos lo cumplen en estos momentos.
Las denuncias que originaron estas decisiones judiciales han estado respaldadas por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que ha recibido la decisión del Supremo recordando que «miles de alumnos forman parte de un sistema educativo que les discrimina por razón de lengua» a pesar de que la Constitución consagra su derecho a ser educados en castellano. «El modelo queda abierto», ha asegurado la AEB en un comunicado, «pero con unos topes mínimos«.
Un modelo totalitario
La AEB también ha señalado que el modelo de inmersión lingüística que se aplica desde hace décadas al sistema educativo catalán «es totalitario, se basa en la asimilación y no está amparado por ninguna normativa». La entidad también ha recordado que «la paz social se garantiza respetando a todos los integrantes de la comunidad educativa» y que esto solo será posible cuando tanto el castellano como el catalán sean consideradas como lenguas vehiculares.
Sociedad Civil Catalana (SCC) también ha mostrado su satisfacción por la sentencia del Alto Tribunal. La entidad constitucionalista la ha definido como «un triunfo histórico de la igualdad y de la inclusión», además de «un varapalo al sectarismo lingüístico que han practicado la Generalitat y sus organizaciones civiles satélites».
Contra la igualdad
SCC también ha denunciado que la inmersión ha supuesto, entre otros perjuicios, un obstáculo para «la igualdad de oportunidades de todos los niños y jóvenes catalanes al discriminar por razón de lengua». «El tratamiento del castellano como lengua extranjera en la escuela catalana y el bloqueo constante a cualquier acuerdo de convivencia lingüística», ha señalado SCC en un comunicado, «sigue siendo la mejor prueba del carácter excluyente y reaccionario de la política nacionalista de los últimos años». Y ha añadido: «No aceptar el 25% es una muestra de mala voluntad y de desconocimiento de nuestra realidad social. Las apelaciones de ERC a un proyecto inclusivo de futuro chocan abiertamente con la evidencia de esta oposición sectaria».
