La decisión del Tribunal Supremo de no aceptar el recurso de la Generalitat contra la sentencia del TSJC que obliga a que al menos un 25% de la enseñanza se imparta en castellano ha sido toda una convulsión para el separatismo. Una vez más, los independentistas intentan saldar la situación dando la espalda a la Justicia pero, en esta ocasión, parece que lo pueden tener un poco más complicado que en otras.
Según explica el catedrático de Derecho Internacional Privado de la UAB, Rafael Arenas, en un artículo publicado en la revista Hay Derecho, la ejecución de la sentencia del TSJC, además de ser «inmediata» puede ser solicitada por el Ministerio de Educación. Pero también puede pedirla «cualquier familia con hijos escolarizados en Cataluña o asociaciones que tengan por objeto la protección de los derechos lingüísticos de los ciudadanos».
Situación patológica
Arenas califica de «situación patológica» la reacción del Govern a la decisión judicial. El titular de Educación, Josep González Cambray, ha pedido por escrito a los directores de los centros que no acaten la sentencia. Es, explica Arenas, una situación «de franca y abierta rebeldía institucional» por parte del Govern.
Arenas recuerda también que la sentencia del TSJC, que califica de «histórica», obliga a la Generalitat a «adoptar las medidas que sean necesarias al efecto de garantizar que, en las enseñanzas incluidas en el sistema educativo de Cataluña, todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso».
Una lengua extranjera
Con esta sentencia el TSJC ha dejado claro que cualquier lengua que se imparta por debajo de ese 25% tendría el «tratamiento de una lengua extranjera«. Y eso es precisamente lo que está haciendo el sistema educativo catalán desde hace décadas al arrinconar el castellano y dejarlo en no más de dos horas semanales.
Arenas, por otro lado, alerta sobre las consecuencias que puede tener para España la desobediencia por parte de los separatistas de esta sentencia. En su opinión, quedaría en entredicho el Estado de Derecho y esto en un momento especialmente delicado, en el que «la Unión Europea está especialmente vigilante con el cumplimiento de los estándares democráticos». De ahí que Arenas alerte de que el rechazo del Govern a cumplir la sentencia del TSJC podría afectar, incluso, a la llegada de los fondos europeos para la reconstrucción tras la pandemia de COVID-19.
