El juez Pablo Llarena no piensa atender a la decisión del Tribunal General de la UE según la cual la orden de detención europea dictada contra Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín estaría suspendida hasta que el Tribunal de Justicia europeo se pronuncie sobre la cuestión prejudicial planteada por el magistrado. En realidad, lo que ha hecho el TGUE ha sido no devolver la inmunidad como europarlamentarios a los tres separatistas con el argumento de que no corren peligro de ser detenidos puesto que las órdenes están suspendidas según informó a esta instancia la Abogacía del Estado española.
Sin embargo, Llarena no lo entiende del mismo modo y tiene claro, según han indicado varios medios este miércoles, que la orden de detención sigue vigente dentro de España y que, por lo tanto, en el caso de que los tres eurodiputados decidan retornar, serán detenidos y puestos a disposición de la Justicia española, de la que llevan fugados desde finales de 2017. El juez considera, además, que aún no conoce a fondo la interlocutoria dictada por el vicepresidente del TGUE y está a la espera de su traducción. No parece, de todos modos, que Llarena vaya a cambiar de opinión pues, según los mismos medios, la Justicia europea no está por encima de la española.
La «imprescindible imparcialidad»
En el mismo día en que se ha conocido la posición de Llarena, Puigdemont, Comín, Ponsatí y el exconseller Lluís Puig han anunciado la presentación de un escrito de recusación contra el magistrado por supuesta parcialidad. Se basan en que Llarena fue homenajeado recientemente por la Fundación Villacisneros, a la que consideran vinculada a la extrema derecha. Según recoge Vilaweb, los separatistas aseguran que este homenaje hace perder a Llarena «la imprescindible imparcialidad» en lo relacionado con la causa que sigue contra ellos.
«El magistrado instructor», añade el escrito firmado por el abogado Gonzalo Boye, «ha comprometido definitivamente su apariencia de imparcialidad» tras aceptar el premio de la fundación en la que se encuentran algunos exlíderes del PP como Esperanza Aguirre o María San Gil. Boye considera que «no se puede pretender que, en estas circunstancias, después de la aceptación del denominado Premio Villacisneros, el señor Pablo Llarena pueda conservar ninguna apariencia de imparcialidad para la instrucción de esta causa».
