Este gobierno parece dispuesto a no a dar tregua a los ciudadanos que, por si no tuvieran ya bastante con hacer frente a las subidas estratosféricas del precio de la electricidad y a las fuertes alzas de la cesta de consumo en el año de la ‘recuperación’, padecen la incontinencia de un gobierno de coalición cuya inclinación a aumentar los gastos corrientes de las Administraciones Públicas (AA. PP) acaban sobre las espaldas de los sufridos contribuyentes, presentes y futuros.
El pasado 27 de noviembre publiqué en este diario un artículo titulado “La última ocurrencia del ministro”. Además de comentar algunas de las reformas implementadas por Escrivá (ampliación de permisos de maternidad y paternidad, instauración el ingreso mínimo vital y revalorización de las pensiones con el IPC) que aumentan el gasto estructural de las AA. PP. y elevan los costes laborales de las empresas (ampliación de las de bases y subida de tipos de las cotizaciones sociales), examiné el acuerdo, denominado eufemísticamente Mecanismo de Equidad Intergeneracional auspiciado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y suscrito por el gobierno y los secretarios generales de CC.OO. y UGT el 15 de noviembre.
El ‘mecanismo’ que, por razones electorales no entrará en vigor hasta 2023, consiste en aumentar 0,6 puntos porcentuales (p.p.) los tipos de las cotizaciones por contingencias comunes desde 2023 hasta 2032 con el propósito de despejar las dudas que presenta la viabilidad del sistema para quienes accedan a cobrar sus pensiones a partir de 2033. Se supone que la recaudación obtenida con este sobreimpuesto ‘transitorio’ (ya veremos si desaparece cuando lleguemos a 2033), ascenderá a 20.000 millones (no 50.000 millones publicaron algunos medios próximos al gobierno) en una década, que se acumulará en el fondo de reserva o hucha de las pensiones.
Sobre lo que no hay ninguna duda es que la medida elevará los costes laborales de las empresas y desincentivará la contratación. Por otra parte, resulta difícil creer que con esta cifra sea posible cubrir el déficit del sistema a partir 2033, habida cuenta que la factura mensual de las pensiones ronda ya 10.140 millones en 2021 y no ha cesado de crecer en los últimos años. Pero como subrayaba en mi artículo, el mayor engaño del ‘mecanismo’ es que “el déficit de la Seguridad Social no es algo que afectará a nuestros hijos o nietos a partir de 2033, como el comunicado de La Moncloa da a entender, sino una realidad presente desde 2010 que, por supuesto, el apaño pergeñado por Escrivá no va a resolver”.
Sustentaba mi argumento presentando una batería de gráficos que mostraban el estancamiento del número de afiliados o cotizantes a la SS desde 2007, el imparable aumento del número de pensionistas, la pensión media percibida, y el gasto en pensiones que se ha duplicado desde 2005 hasta 2021, y cuyo resultado no era otro que un déficit creciente desde 2010 a 2020 cuya cifra acumulada asciende a 145.425 millones. Permítanme completar esa información con el Gráfico 1 donde se puede apreciar la evolución de los ingresos por cotizaciones sociales, los gastos en prestaciones sociales y las transferencias recibidas de otras Administraciones para cubrir el agujero del sistema. El sistema no tendrá problemas en 2033, Sr. Escrivá, porque es deficitario desde 2010.
Contrariamente a lo que aconseja la prudencia, el ministro Escrivá declaraba en una entrevista reciente concedida al diario Expansión que “subir las pensiones más altas es posible” y que está negociando con los agentes sociales “que la ampliación del período de cotización sirva para elegir los mejores años para la pensión”. Me atrevo a anticipar que las organizaciones sindicales únicamente aceptarán esta ‘reforma’ del cálculo de la cuantía de la pensión en caso de que “elegir los mejores años” más que compense “la ampliación del período de cotización”, de modo que estas reformas elevarían el gasto en pensiones y agravarían la insostenibilidad financiera del sistema.
Sólo en el caso de que las cuentas de la SS vinieran arrojando superávits considerables, podría mirarse con benevolencia las últimas iniciativas del ministro, no así, desde luego, cuando el sistema lleva más de una década incurriendo en déficits y acumulando deuda, con agujeros que se están tapando con préstamos y transferencias del Estado cuyas cuentas, a su vez, han incurrido en déficits en 23 años desde 1995 hasta 2020 (el déficit acumulado de la Administración Central asciende a 683.554 millones) y soporta una enorme deuda cifrada en 1.244,7 miles de millones de euros en septiembre de 2021. En estas circunstancias, la sugerencia de que pueden elevarse las pensiones más altas y elegir los mejores años de cotización para fijar la cuantía de la pensión rayan en la temeridad.
Este temor lo confirma un reciente estudio de la OCDE dedicado a repasar el estado de las pensiones en los países miembros de la organización. España, como puede apreciarse en la primera columna del Cuadro 1, es uno de los países que ha registrado mayor incremento de la ratio del gasto en pensiones sobre el PIB, 2,9 p.p., entre 2000 y 2017, achacable al aumento en el número de pensionistas sobre el de trabajadores (1,9 p.p., ratio de beneficiarios en la cuarta columna del Cuadro 1) y al aumento de la población mayor de 65 años (1,5 p.p., ratio demográfica en la segunda columna del Cuadro 1). Para el organismo internacional, no hay ninguna duda de que el sistema presenta “agudos retos demográficos que afectan a la cuantía de la pensión de jubilación” (p.17), como tampoco de que “España no ha tomado todavía medidas para mejorar la sostenibilidad financiera” (p. 51) del sistema.
Y es que las medidas adoptadas hasta ahora por el ministro Escrivá, como indiciar las pensiones con el IPC y la introducción del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, sustituyendo al más prudente Índice del Índice de Revalorización de las Pensiones introducido por Rajoy en 2013 para contener el aumento del gasto en pensiones, lejos de reforzar la sostenibilidad financiera del sistema, la debilita. La OCDE reconoce que “abordar los desequilibrios financieros en las pensiones requerirá financiación adicional de los presupuestos del Estado” (pp. 51-52), algo que ya ha ocurrido en 2020 y 2021, y supone aceptar de facto que el que el actual sistema de pensiones no es sostenible, por mucho que Escrivá y la ministra Montero intenten tranquilizarnos.
El principal reto de la economía española es crear puestos de trabajo para incorporar a las cohortes más jóvenes de la población al mercado laboral a edades más tempranas y posibilitar que los trabajadores puedan desarrollar carreras profesionales largas que posibiliten cotizar de manera continuada durante varias décadas. Aumentar el número de ocupados cotizantes y facilitar la prolongación de la vida laboral cuando se goza de buena salud, son las dos vías más razonables para disminuir la ratio de beneficiarios y la ratio demográfica que impulsa al alza el cociente del gasto en pensiones sobre el PIB. Porque la alternativa es aumentar las cotizaciones sociales y otros impuestos para financiar las transferencias crecientes que el Estado tendrá que realizar para cubrir el déficit del sistema. De momento, se puede decir que una parte de ese déficit se ha financiado emitiendo deuda pública y eso no es precisamente un mecanismo de equidad intergeneracional.
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