En una sociedad ideal, si coexisten dos lenguas oficiales, todo el mundo debería salir de la escuela dominando ambas, y en todo lugar de trabajo que implique atención al público, ésta debería poder ofrecerse en la lengua que prefiera el cliente. Pero la vida nos enseña cada día que no habrá nunca una política lingüística exenta de conflicto, como tampoco hay relaciones laborales de placidez garantizada. Las lenguas son entidades vivas que nacen, evolucionan y se extinguen; pueden promocionarse o prohibirse, y no tiene nada de extraño que sus hablantes las defiendan — la cuestión es cómo.
No habría que esperar al advenimiento de una sociedad ideal para mantener a los niños alejados de la controversia. El caso de una escuela de Canet, donde unos padres solicitaron que su hijo de cinco años recibiera el 50% de su educación en castellano y seguidamente el TSJC decidió, como medida cautelar, que fuera el 25%, ha sacado a la luz un trasfondo de odios que va mucho más allá de un centro escolar de un pueblo de 15.000 habitantes.
Hemos visto revelada la identidad de los padres, con fines de acoso; han abundado los insultos en las redes sociales; ha habido una manifestación, convocada por una de las organizaciones específicas de la CUP, donde se ha gritado Visca Terra Lliure, y hay quien ha pedido que el gobierno de la Generalitat asuma la dirección del centro, como si tuviera que bajar el general cada vez que un sargento se ve en dificultades.
Como decía Salvador Sostres en Abc el día 11 —La vergüenza—: «Cuando todo lo que te queda es el odio, y el odio a un niño, y el odio a un idioma, es que el amor no te ha ido bien (…) Se rompió el espejo supremacista, y de vuestra última actuación no se puede caer más bajo.»
En franco retroceso la idea de la independencia como remedio a todos los males, y la del referéndum como método para acceder a ella, se impone la necesidad de un banderín de enganche que mantenga los ánimos encendidos y cohesione de nuevo una masa crítica que a las primeras de cambio se ha mostrado escindida por serias disensiones partidistas y enormes discrepancias ideológicas. La defensa del catalán es el mínimo común denominador de todos los clanes independentistas, y sirve para amalgamar todos los ingredientes de la indignación necesaria, si no para volverlo a hacer, al menos para volver a salir a la calle: un Estado hostil, una leyes opresivas, unos derechos pisoteados, una justicia parcial, y unos vecinos que de repente se han convertido en enemigos.
¡Que se vayan!
El diario Ara mencionaba dos exponentes del odio que se pretendió encender —No sabemos quién es la familia ni lo queremos saber—: el del mozo de escuadra Albert Donaire, más conocido por su activismo, que afirmó que «los padres de los otros niños tendrían que dejar al niño de esta familia solo en clase», y el del gastrónomo y profesor universitario Jaume Fàbrega, que manifestó: «Me apuntó a ir a apedrear la casa de este niño. Que se vayan de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian.»
El Ara quita hierro al asunto, hablando de «presunto acoso», y presenta la retractación de los dos instigadores, la de Donaire diciendo que, «al niño de Canet, disculpas si he escrito una frase que se ha percibido como poco afortunada, no era mi intención», y la de Fàbrega argumentando que «apedrear una casa en mi cultura rural era una expresión imaginaria, y significava un “escrache” sin voluntad física». En el primero la intención era bastante obvia, y en cuanto a la cultura rural del segundo, en espera de alguna tesis antropológica que lo desmienta, apedrear no suena a ritual meramente simbólico.
Un tweet más reciente de Donaire, de la tarde del lunes 13, viene a decir más o menos lo mismo: «Dicen que he retrocedido. Falso. Defiendo medidas contundentes para evitar el 25% de castellano en las aulas. Plante general de todas las familias y alumnos que no estén de acuerdo con la imposición, abandonando las aulas las horas que se realicen en castellano. ¡Plante de la sociedad!»
Inmersión y normalización
El editorial de la Vanguardia del día 11 —Canet, un motivo para la reflexión—, muy ponderadamente, condena la campaña: «No puede decirse, por fortuna, que opiniones de las redes como las mencionadas sean mayoritarias. Pero tampoco puede decirse que sean totalmente marginales. Ni que hayan sido rebatidas por las autoridades catalanas con la contundencia que requiere el caso.» Las autoridades, o algunas autoridades, y ahí está gran parte del problema, tienen más interés en incentivar el conflicto que en apaciguar la convivencia.
Entiende el mencionado editorial que «desde la promulgación en 1983 de la ley de Normalització, la inmersión lingüística ha sido en Catalunya un modelo de éxito» y ve un punto de inflexión cuando «el Estatut del 2006 (corregido por el Constitucional en el 2010) adjetivó como “preferente” el uso social de la lengua catalana, modificando la paridad legal con el uso del castellano, y que a partir de ahí las cosas no fueron mejor».
El socialista Jordi Font Cardona, en el Punt-Avui —Llengua: a cadascú el seu—, recuerda cómo empezó todo: «En el principio había la intención de instaurar dos redes escolares, una sólo en catalán y otra sólo en castellano. Coincidían en ello sectores ardientes del nacionalismo catalán y del nacionalismo español, en nombre del “derecho de opción de los padres”. Se opusieron socialistas y comunistas, en nombre de la unidad civil —“somos y seremos un solo pueblo”— y de la igualdad de oportunidades».
La Ley de Normalización Lingüística, de 1983, no hablaba de inmersión, eso «vendría poco después, ante la dificultad de los niños de entornos castellanohablantes para asimilar el catalán (…) Era el método que debía ayudar a aquellos niños a superar su dificultad y a igualar en competencia a los catalanohablantes (…) La confusión en torno al término “inmersión” se debe al intento de confundirla con la escuela “sólo en catalán”. Y también se debe a que se han atribuido a la inmersión objetivos que no le correspondían. No era objetivo directo de la inmersión hacer progresar el uso social del catalán, sino formar a los niños para que esto fuera posible. Pero esto dependía enteramente de otros factores».
El modelo vasco
Vinieron décadas de estadísticas sobre el conocimiento del catalán notablemente infladas, que desafiaban la percepción del ciudadano y del visitante. Aún hace un año el Punt-Avui afirmaba triunfalmente que mejora el conocimiento del catalán entre la población adulta, dando por buenos estos datos: «El 94,4% de la población entiende el catalán, el 81,2% lo sabe hablar, el 85,5% lo sabe leer y el 65,3% lo sabe escribir.» Y de repente parece que retrocedemos a los años 70 y que el catalán está amenazado de extinción.
A finales de noviembre Andreu Barnils, en Vilaweb, ya propone debatir sobre el modelo vasco en las escuelas catalanas, que, como recuerda, consta de cuatro líneas: «La línea A (todo en castellano, excepto lengua y literatura vascas), línea B (mitad y mitad), línea D (todo en euskera, excepto lengua y literatura españolas), y modelo X, pensado para alumnos de paso (no se enseña absolutamente nada en euskera).»
El punto de partida, como bien expone, ha de ser distinguir entre lo que las escuelas dicen que hacen y lo que realmente hacen, y reconocer que «en Cataluña separamos por lengua, porque hay escuelas que lo hacen todo en castellano, las hay que todo en catalán, y las hay que mitad y mitad. Exactamente igual que los vascos, con la diferencia que ellos pueden elegir y tú debes soportar un modelo que no has elegido».
En su siguiente artículo, ante el asunto de Canet, Barnils se reafirma en su preferencia por el modelo vasco: «Esto con el modelo vasco no pasaría. Ese padre ya habría enviado a sus hijos a una escuela con más castellano, y los padres que quieren que el catalán sea la lengua vehicular no deberían someterse al deseo de una sola familia, una sola, que con ayuda de la justicia española ha cambiado el modelo lingüístico del resto de padres.»
Antes de dar por buena la opción vasca, desde cualquiera de las posiciones, estaría bien tener en cuenta que «no consigue brillar a la altura de los esfuerzos presupuestarios que se le dedican». Véase: El bajón de resultados en bilingüismo revuelve los cimientos de la escuela vasca.
Contra la violencia judicial
Vicent Partal, en Vilaweb —Els pares de Canet: una lliçó per a aquest país que volen que semble covard—, ya la semana pasada aprovechaba el asunto para contraponer una vez más el buen pueblo a las elites que lo abandonan: «El gobierno autonómico, con ERC y Junts en perfecta armonía a pesar de alguna discrepancia circunstancial, trabaja con todas sus fuerzas para que los ciudadanos no sean visibles, para taparlos. Y para enterrar así el período de excepcionalidad que hemos vivido esta última década. Y con esto se consigue que ahora Cataluña, a los ojos de fuera, parezca claramente un país cobarde.»
Y se recrea en el contraste entre «los padres y maestros a quienes han dejado solos, pero que, sin renegar de nada ni hacer reproche alguno, batallan y batallarán. Que es eso lo que va a pasar, estoy absolutamente seguro, en cada escuela y en cada centro donde un solo padre español intente imponer por la violencia judicial su modelo de enseñanza. Y pasará, como una mancha de aceite, porque es algo que afecta a la vida diaria, a la realidad social de la gente, que toca el corazón.»
Victimismo ante un régimen opresor, como durante la preparación del referéndum de 2017, más, esta vez, la desautorización de la administración autonómica, incapaz de defender algo tan esencial como la lengua propia: el marco mental ya está creado.
