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La ‘república’ imaginaria sigue viva y siendo un gran negocio

Diada de 2021. EFE.

Quienes hayan seguido a este columnista del diario ElLiberal.cat durante este 2021 quizá se hayan preguntado por qué desde que terminé la serie de cuatro artículos titulados Proceso insurreccional y desgobierno en Cataluña ( I, II, III y IV) en enero del año pasado, apenas he dedicado espacio y tiempo a comentar la desgraciada situación política y social de Cataluña, la Comunidad a cuyo sistema universitario me incorporé con gran ilusión en 1984, dejando atrás algunos queridos amigos y profesores en Madrid, mis amados parques del Retiro, Oeste y Fuente del Berro, y ese entrañable garabato que dibuja en el horizonte la sierra madrileña tan amada por Machado. Así que permítanme este desahogo personal para celebrar el inicio de 2022 sin que sirva de precedente.

Cataluña es la Comunidad Autónoma (CA) en la que todavía resido y me resisto a dejar, aunque les confieso que no pasa un solo día sin preguntarme qué hacemos en este lugar cada día más pueblerino e inhóspito, gobernado por una banda de sonados que día sí y día también exigen entablar negociaciones bilaterales con el Estado del que forman parte para negociar la celebración de un imposible referéndum de autodeterminación. ¿No caen en la cuenta de que ya en 2017 aprobaron las leyes de desconexión el 6 y 8 de septiembre, hicieron la ansiada consulta para convertirse en una república independiente el 1 de octubre (1-O) y proclamaron solemnemente la independencia en el Parlamento el 27 de octubre (27-O)? ¿No son conscientes del ridículo que protagonizaron el presidente Puigdemont huyendo a calzón quitao a las pocas horas de la proclamación y el vicepresidente Junqueras y varios consejeros y cabecillas al aceptar sentarse en el banquillo y recibir un indulto del Estado supuestamente opresor? Quizá lo son, pero les da igual porque lo importante para ellos es seguir controlando el gran negocio en que se ha convertido la ilusoria independencia.

Resulta muy cansino

La primera razón por la que he procurado evitar el tema es por puro aburrimiento: llevo escribiendo sobre el tema demasiados años. Mi primer artículo en prensa se tituló Estatut y realidad social publicado en El País el 16 de enero de 2006. Mis hijos tenían 8 y 4 años y ambos asistían al centro de enseñanza primaria Pins del Vallès” en Sant Cugat del Vallés. Faltaban pocos meses para fundar Ciudadanos, partido de la Ciudadanía, una formación a la que nos sumamos bastantes socialdemócratas desencantados con la trayectoria del gobierno catalán desde que (Pascual) Maragall se había convertido en presidente de la Generalidad en 2003. La fuerza de los hechos nos obligó a asumir que los dirigentes del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) habían roto (quizá nunca lo tuvieron) con el concepto republicano de ciudadanía y se habían sumado alegremente al proyecto abanderado por (Jordi) Pujol, consistente en desmantelar cualquier vestigio de presencia institucional del Estado en Cataluña, comenzando por la lengua común. ridículamente denominada por ellos lengua castellana. Llegar al gobierno de la Generalidad con el apoyo de Izquierda Republicana de Catalunya (ERC) hizo avanzar el proyecto nacional-secesionista a pasos ni siquiera soñados por el propio Pujol, quien liberado de sus gravosas funciones de honorable presidente se dedicaba a tiempo completo a amasar su fortunita familiar con la ayuda inestimable de la abadesa Ferrusola y sus insaciables vástagos.

Les confieso que no pasa un solo día sin preguntarme qué hacemos en este lugar cada día más pueblerino e inhóspito, gobernado por una banda de sonados que día sí y día también exigen entablar negociaciones bilaterales con el Estado del que forman parte para negociar la celebración de un imposible referéndum de autodeterminación

Desde entonces, he escrito centenares de artículos en diversos medios de comunicación sobre estas cuestiones, la mayoría de ellos en los diarios Expansión (ediciones impresa y digital)yLibertad Digital, pero también en la revista socialista Temas para el Debate, así como artículos de corte más académico en dos volúmenes La cuestión catalana, hoy y La cuestión catalana II, editados por el Instituto de Estudios Económicos en 2013 y 2014, y en la obra colectiva 1714. Cataluña en la España del siglo XVIII publicado por la editorial Cátedra en 2014. Como profesional de las ciencias sociales, traté inicialmente de situar la discusión dentro del ámbito de la razón, exponiendo argumentos de naturaleza política o económica con la esperanza todavía de hacer entrar en razón a los dirigentes del PSOE, para enmendar su cerrado apoyo a la aberrante inmersión lingüística -vestigio trasnochado del franquismo que el PSC ha patrocinado y defendido sin fisuras aunque se muestre ahora algo más abierto a retocar el modelo para cumplir las sentencias del TSJC-, así como al ‘derecho a decidir’ alineándose con partidos abiertamente secesionistas para socavar el orden constitucional que garantiza la libertad, igualdad y solidaridad de todos los ciudadanos españoles.

El proceso insurreccional tuvo su germen en elProyecto de reforma del Estatuto de Catalunya, impulsado por el PSC y ERC y aprobado por el Parlamento autonómico el 30 de septiembre de 2005, y alcanzó un punto de no retorno cuando el presidente Montilla (PSC) convocó a los catalanes a manifestarse contra la sentencia del Tribunal Constitucional en julio de 2010, convirtiéndose a partir de ese momento la autodeterminación en un gran negocio dirigido por los políticos mejor pagados del Estado, supuestamente opresor, desde las instituciones de autogobierno de Cataluña, con la inestimable colaboración de las asociaciones Ómnium Cultural (Ómnium), Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Si quieres prosperar dentro de las Administraciones catalanas, acceder a cargos representativos, recibir subvenciones o contratos de ellas, etc., lo mejor que puedes hacer es abrazar la independencia y nadar a favor de la corriente.

Por ello, siempre me pareció una indecencia intolerable que el PSC de Montilla y el PSOE de Sánchez achacaran a la derecha española, en general, y al gobierno de Rajoy, en particular, la crisis territorial, e incluso dijeran del presidente Rajoy que era la máquina de hacer independentistas, porque como bien sabemos quienes padecemos y soportamos la opresión de las instituciones de autogobierno en Cataluña, la máquina de hacer independentistas son los presupuestos de la Generalidad de Cataluña. No me sorprende que uno de los socialistas más activos en difundir este tipo de acusaciones contra Rajoy fuera (Odón) Elorza, el mismo socialista que manifestó su disgusto cuando se detuvo al terrorista Otegui en 2009, ya que a juicio del entonces alcalde de Donostia «en este país falta gente que haga de abrelatas y abra caminos para la paz». ¡Como para tomarse en serio sus palabras sobre Rajoy!

La indiferencia es también un arma

Otra razón para no dedicar demasiada atención a las declaraciones y gestos de los líderes del movimiento nacional-secesionista reside en que, al igual que ocurría con la banda terrorista ETA y el entorno Batasuno, para los dirigentes de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) y Juntos por Cataluña (JxC) resulta vital que se esté hablando continuamente de ellos y de su compromiso inquebrantable con su imaginaria república. Pero para ello ya cuentan con infinidad de medios de comunicación audiovisuales públicos (229 para ser exactos) financiados con los presupuestos de la Generalidad, Diputaciones y CC. LL., así como muchos otros medios de comunicación privados que reciben cuantiosas subvenciones por seguir una línea editorial favorable a sus intereses, prestos siempre a dejar en buen lugar a quienes los financian y a afear (cuando no acusar de facha o fascista) a cualquier político o ciudadano de a pie que osa cuestionar sus planteamientos.

Para los dirigentes de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) y Juntos por Cataluña (JxC) resulta vital que se esté hablando continuamente de ellos y de su compromiso inquebrantable con su imaginaria república

A personajillos como Puigdemont, Junqueras, Forcadell, Rovira, Rufián, Cuixart, Torrent, Borràs, Paluzie, etc., no hace falta ayudarles a difundir sus mensajes, ni siquiera para contradecirlos, porque lo que precisamente peor llevan estos líderes mediocres es que ignoremos su gesticulación exagerada y los dejemos a solas frente al espejo que refleja sus miserables peleas facciosas, sus incumplidas hojas de ruta, sus fatuos desplantes a los tribunales de justicia, mientras el mundo sigue girando sin prestarles atención alguna. Los fracasos de las políticas de marcado cariz autoritario a las que se han dedicado en cuerpo y alma los sucesivos gobiernos nacional-secesionistas desde 2012 no se agotan con el bochornoso final de la ‘república’ catalana al que asistimos tras el 27-O, sino que se constata incluso en el intento de imponer la exclusividad del catalán como lengua vehicular en el sistema educativo y los medios de comunicación. Y es que tras varias décadas de implacable inmersión lingüística parece que los chicos en los recreos y la mayoría de la población en la calle hacemos uso de nuestra libertad y continuamos expresándonos en nuestra lengua común (y materna en muchos casos) cuando nos viene en gana. Y cada vez nos viene más en gana por mucho que nos vigilen profesores y espías o nos discrimine y postergue el gobierno de la Generalidad.

Unidad ante un futuro amarillento

La opresiva situación que padecemos los catalanes que no compartimos el objetivo de instaurar una república independiente y defendemos las instituciones y la lengua comunes a todos los españoles, no terminará hasta que desalojemos de las instituciones de autogobierno a los partidos que abogan por la secesión de Cataluña. Sus dirigentes lo saben también y por ello acaban siempre alcanzando acuerdos para repartirse los cargos y el suculento pastel, conscientes de que es el control sobre los cuantiosos recursos que administran a través de los presupuestos de la Generalidad lo que les asegura su ascendencia social y el apoyo de gran parte de los empleados públicos, las organizaciones sindicales, los medios de comunicación, las asociaciones y hasta numerosos empresarios que mantienen relaciones clientelares privilegiadas con las Administraciones controladas por ERC y JxC.

«La opresiva situación que padecemos los catalanes que no compartimos el objetivo de instaurar una república independiente y defendemos las instituciones y la lengua comunes a todos los españoles, no terminará hasta que desalojemos de las instituciones de autogobierno a los partidos que abogan por la secesión de Cataluña»

La aplicación del artículo 155 de la Constitución por el presidente Rajoy supuso la destitución del gobierno de la Generalidad y la disolución del Parlamento de Cataluña, pero la convocatoria de elecciones autonómicas el 21 de diciembre imposibilitó desmontar los bien engrasados aparatos de los partidos nacional-secesionistas y liberar a la sociedad catalana de los alargados tentáculos del gobierno de la Generalidad, incluida la propaganda diaria que difunden los medios de comunicación afines al régimen. Dos meses después de proclamar la república independiente, los líderes secesionistas en segunda línea el 27-O (Torra y Aragonés) que habían reemplazado a los líderes huidos (Puigdemont) o encarcelados (Junqueras), estaban ya en condiciones de recuperar el control de las instituciones de autogobierno y las asociaciones Ómnium, ANC y AMI listas para continuar sus campañas sediciosas. Al mismo tiempo, la aplicación del 155 les hizo tomar conciencia de la necesidad de ser más cautos en el futuro y evitar a toda costa que el Estado pudiera aplicar de nuevo el artículo 155, esta vez en serio, y arrebatarles el control de los presupuestos de la Generalidad. Ahí se agota el deseo de Aragonés de negociar con el Estado.

El problema a que nos enfrentamos los constitucionalistas catalanes en los próximos años es muy peliagudo, ya que la probabilidad de desalojar a ERC y JxC del gobierno de la Generalidad en las urnas es más que remota por dos razones que no van a cambiar a medio plazo: la constatada preferencia del PSC a pactar con ERC pese al rechazo de los republicanos, antes que con los partidos constitucionalistas y la escasa representación lograda por los tres partidos constitucionalistas (Vox, Ciudadanos, y PP con 11, 6 y 3 diputados, respectivamente) en las elecciones autonómicas de 2021. De momento, la única salvaguarda con que cuentan los ciudadanos catalanes para garantizar el orden constitucional y el ejercicio de sus derechos constitucionales son las distintas instancias judiciales (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional) y el Tribunal de Cuentas que han sentado en el banquillo a varios líderes del proceso insurreccional, incluidos los presidentes Mas, Puigdemont y Torra, y han actuado con firmeza para garantizar el derecho de los catalanes a recibir enseñanza en lengua española, la última vez hace pocos días.

No es mucha artillería para hacer frente a las arteras estratagemas de los dirigentes nacional-secesionistas predispuestos a no modificar una coma sus políticas y prestos a buscar vías para incumplir las sentencias de los tribunales. Como del gobierno Sánchez los constitucionalistas catalanes no podemos esperar ni agua, entregado como está a sus avalistas de ERC, PNV y Bildu en el Congreso, la única posibilidad de cambiar esta situación pasa por promover un gran acuerdo entre todos los partidos constitucionalistas en Cataluña y ojalá VOX comprenda la urgente necesidad de sumar, y no cometa los mismos errores en que incurrió Ciudadanos cuando se convirtió en la primera fuerza política en las elecciones de 2017. Un triunfo ilusorio que en lugar de avanzar ha hecho retroceder al constitucionalismo en Cataluña.

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