Los Mossos d’Esquadra detuvieron el 19 de enero a dos personas e investigan a otras tres por pertenencia a una organización criminal que defraudó más de 100.000 euros a través de estafas inmobiliarias y de material electrónico.
La organización centró su actividad delictiva en tres tipos de estafas. En el alquiler de material informático y electrónico de alto coste económico, normalmente en nombre de una empresa bajo la excusa de usarlo como material laboral. Nunca se abonaba el importe de este material ni se devolvía a la tienda. De esta tipología se investiguen cinco hechos.
Estafas a médicos para abrir supuestas clínicas privadas
En cuatro casos el grupo alquiló viviendas cuya renta no se pagó nunca. Sin embargo, la cosa no quedaba ahí, y es que hasta en cuatro ocasiones alquilaron locales comerciales en los que inventaban que pondrían en marcha un centro médico.
En este sentido, el grupo habría utilizado las oficinas alquiladas de forma fraudulenta para estafar a médicos, haciéndoles invertir en unas supuestas clínicas privadas que querían montar en estos espacios.
«El grupo habría utilizado las oficinas alquiladas de forma fraudulenta para estafar a médicos, haciéndoles invertir en unas supuestas clínicas privadas que querían montar en estos espacios».
En todos los hechos, y para acabar de cerrar el acuerdo, los investigados enviaban al arrendatario los comprobantes de las transferencias bancarias para conseguir los alquileres que nunca se hacían efectivas.
Los investigadores han podido acreditar un perjuicio económico total de 102.842 euros entre impago de alquileres y venta de equipos informáticos y electrónicos.
Organización con una estructura muy definida
El grupo estaba formado con una estructura jerarquizada formada por cinco personas, donde se distinguían tres roles definidos como «jefe de la organización«, «hombre de confianza» y «colaboradores».
El jefe de la organización es un hombre de 45 años que participó directamente en todas las estafas y fue reconocido por todas las víctimas. No tenía inconveniente en dar sus datos, visitar locales y viviendas para alquilarlos, alquilar material informático o cerrar tratos en persona con las víctimas.
El 21 de enero pasaron a disposición judicial los dos detenidos para los que el juzgado instructor de la causa decretó el ingreso en prisión del principal investigado y dejó en libertad con cargos al otro detenido.
