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El nuevo Tribunal de Cuentas acepta que sea la Generalitat la que avale las fianzas de los encausados del procés

La entidad constitucionalista SCC anuncia que se mantendrá como acusación en la causa "soplen los vientos que soplen"

Los expresidentes de la Generalitat Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra en Perpignan (Francia) Foto: Europa Press

El nuevo Tribunal de Cuentas, de un carácter más progresista y pactado entre el PSOE y el PP, ha tomado la decisión de aceptar el aval de la Generalitat para las fianzas de la treintena de implicados en la causa que se sigue contra la internacionalización del procés separatista. La decisión se ha dado a conocer este lunes y significa, básicamente, que será la Generalitat la que, a través del Institut Català de Finances (ICF) la que aporte los más de cinco millones de euros impuestos como fianzas a unos investigados que están acusados de malversación de caudales públicos, entre otros delitos.

De este modo, ERC, por ejemplo, recuperará los 2,1 millones de euros que había presentado como fianza para los miembros del Govern que actuaron entre 2016 y 2017. Otros como Artur Mas y los exconsellers Francesc Homs y Andreu Mas-Colell verán sus inmuebles liberados del embargo.

La decisión ha sido duramente criticada por los partidos constitucionalistas catalanes. El líder de Vox en esta comunidad, Ignacio Garriga, ha asegurado que «para esto se repartieron el Tribunal de Cuentas», en referencia a socialistas y populares. «Bipartidismo es corrupción», ha dicho en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, «los españoles pagando la multa de lo que robaron unos delicuentes«.

El número 1 de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha recordado, por su parte, que el acuerdo sobre el Tribunal de Cuentas está en el punto de mira tras publicar algunos medios que «Casado pasteleó» con el PSOE para así obtener «información sobre Ayuso«. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obtendría a cambio, según Carrizosa, «contentar al separatismo con una institución benevolente con los condenados».

Contra esta decisión se ha pronunciado también la entidad Sociedad Civil Catalana (SCC), que ha lamentado que «el dinero público» de los catalanes vaya a servir para avalar a quienes lo han «malversado». La asociación también ha anunciado que se mantendrá como acusación en esta causa «soplen los vientos que soplen» porque es su deber cívico.

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