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Según Fotocasa «La Ley catalana de vivienda vuelve a vulnerar el derecho a la propiedad privada»

Una regulación que aplica normas sancionadoras y punitivas contra los propietarios de viviendas frenará la inversión y la construcción en Cataluña

Fotocasa considera que la Ley catalana de vivienda alberga acciones coactivas y no voluntarias, descritas en la normativa que trasladan esta responsabilidad al sector privado. «Los recursos utilizados por la administración para ofrecer soluciones habitacionales deben ser públicos o garantizarse a través de la vivienda asequible puesta en marcha por la colaboración público-privada. Por tanto, es competencia de la administración ofrecer un realojo a las personas que se encuentren en situaciones vulnerables», ha manifestado a través de un comunicado.

«Es competencia de la administración ofrecer un realojo a las personas que se encuentren en situaciones vulnerables»

«Apoyamos que la administración pública catalana reconozca el gran problema de acceso a la vivienda y que trabaje para erradicar la situación de exclusión residencial de muchas familias y colectivos vulnerables en la región, así como para facilitarles el acceso a una vivienda digna».

Perjuicio a los grandes propietarios

Sin embargo, las modificaciones a la Ley 24/2015 de 29 de julio aprobadas el pasado 23 de febrero que entran hoy en vigor pretenden detener los desalojos imponiendo a los grandes propietarios ofrecer alquiler social a colectivos vulnerables. También a quienes hayan ocupado una vivienda y estén en exclusión residencial. Esto ya fue tumbado por la sentencia del Tribunal Constitucional del 16/2021 del pasado enero.

«Pretenden detener los desalojos mediante la imposición a los grandes propietarios de ofrecer alquiler social a colectivos vulnerables. También a quienes hayan ocupado una vivienda y estén en exclusión residencial».

Esta circunstancia, auguran, podría provocar una contracción de la oferta residencial por parte de los grandes propietarios y que se paralizase la inversión de cara al exterior. En un mercado sumamente volátil como es el de la vivienda, en el que el 90% del parque depende de los arrendadores, cualquier medida que tenga el objetivo de sancionar, impactará en el sector. Algo que acabará causando las consecuencias contrarias a las deseadas: escasez de oferta y más dificultades para acceder a la vivienda.

En peligro la inversión extranjera

De hecho, el informe APCE, ya ha revelado el impacto que ha tenido en Cataluña una medida similar -la de obligar a los constructores a destinar un porcentaje a vivienda social-. El 55,3% ha parado la inversión esperando un nuevo escenario, el 31,6% ha reducido su inversión y el 13,1% ha trasladado su inversión a otro territorio donde no se aplica la norma.  La incertidumbre de cara al inversor extranjero hará que nuestro país deje de ser atractivo para los inversores que llevarán su negocio fuera de Cataluña.

Nueva ola de reclamaciones

A su entender, esta regulación previsiblemente volverá a causar litigiosidad en los tribunales. Por consiguiente, impulsará una nueva ola de reclamaciones, por parte de los propietarios profesionales. Lo que generará un clima de inestabilidad, que será percibido como desamparo jurídico por los arrendadores. Además, el Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucionales estas normas, que imponían directamente deberes concretos a los propietarios, y que por lo tanto interfiere en el derecho a la propiedad privada.

En la justificación de la nueva regulación, la propia Generalitat admite la escasez del parque público de vivienda y la insuficiente promoción de vivienda protegida. Así como que «los presupuestos públicos destinados a las políticas de viviendas son insuficientes».

«La propia Generalitat admite la escasez del parque público de vivienda y la insuficiente promoción de vivienda protegida. Así como que «los presupuestos públicos destinados a las políticas de viviendas son insuficientes».

Fotocasa considera que la administración debe solventar estas cuestiones con agilidad y asumir la obligación y el compromiso de remediarlas con sus recursos. O bien, buscando fórmulas de colaboración con el sector privado para estimular la oferta. Es decir, lanzando ayudas públicas adicionales o impulsando la oferta de vivienda social, al mismo tiempo que se dan alicientes al arrendamiento asequible para propietarios.

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