El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazo que la Generalitat pueda personarse como acusación particular en el proceso del caso Triacom, en el que se investiga la presunta financiación ilegal de la extinta Convergència, de la que es heredera Junts. Según la providencia dictada por Pedraz, la Generalitat no ha acreditado «la condición de ofendida o perjudicada». Además, añade, no ha aportado datos «para apreciarla».
Suma Pedraz que, tal y como ha indicado en su informe el fiscal de la causa, José Grinda, en el Govern presidido por Pere Aragonés «hay miembros del partido político directamente heredero de los partidos políticos investigados».
El fiscal anticorrupción José Grinda se opuso a que el Govern ejerciera la acusación particular porque «sería como personarse contra sí mismo», según recoge Confilegal. En este sentido, Grinda recordó que Aragonés «forma parte de un gobierno en el que está representada la coalición Junts per Catalunya (JxCat), en la que está presente el Partit Demòcrata Europeu (PdCAT), que tiene la condición de investigado». El fiscal también apuntó que «tras varios escalones de galimatías de siglas y partidos y asociaciones políticas, lo cierto es que los partidos políticos aquí investigados son bien socios, bien alguno de los que actualmente forman parte de la Generalitat».
Grinda dejó claro que «admitir la personación» de la Generalitat «resultaría investir de la condición de acusación particular a quien es investigado«. Y recordó que esta doble condición solo es posible «cuando en un solo proceso se enjuician acciones distintas en tanto su separación provoca una división en la continencia de la causa, con riesgo de sentencias contradictorias».
El caso Triacom investiga la utilización de esta productora vinculada a TV3 para financiar ilegalmente a Convergència. Se sospecha que se desviaron unos 32 millones de euros al partido de Jordi Pujol, Artur Mas y Carles Puigdemont entre 2008 y 2016. Según recoge El Nacional, «el modus operandi implicaría la creación de facturas falsas para desviar fondos a cuestiones como las campañas electorales».
