La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha rebajado de 9 a 3,4 millones de euros las indemnizaciones que considera que deben abonar los encausados por la promoción exterior del procés y la organización del referéndum ilegal del 1-O de los gobiernos autonómicos de Artur Mas y Carles Puigdemont. Por el primer concepto reclama 1,1 millón de euros, mientras que por el segundo pide 2,2 millones. Mantiene, eso sí, como investigados a 35 ex altos cargos de la Generalitat.
La demanda, que tiene 130 folios, se divide en dos partes. Por un lado, lo relacionado con la celebración del referéndum de octubre de 2017 y, por otro, la causa de la promoción exterior del proyecto separatista. Así, en lo referente a la consulta ilegal, mantiene como investigados a los ya condenados por el Tribunal Supremo Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. Además, incluye a Toni Comín y Lluís Puig, fugados ambos de la Justicia en noviembre de 2017. En el caso de Clara Ponsatí, considera que «no consta que participara a través de su departamento», por lo que queda fuera de la demanda, igual que Meritxell Serret. Carles Puigdemont es también imputado como «responsable máximo de la Generalitat».
Rull, Forn, Mundó y Vila, quedan fuera
En este caso, además, quedan fuera de la reclamación Josep Rull, Joaquim For, Carles Mundó y Santi Vila. Lo mismo sucede con las interventoras de la Generalitat y con Josep Maria Jové, Francesc Sutrías y Natalia Garriga.
A todos ellos se les reclama el pago de 1,21 millones de euros, «mientras que el importe de la liquidación provisional era de 3,9 millones y el reclamado por la acción pública ejercida por Sociedad Civil Catalana asciende a 3,4 millones de euros», según ha informado Fiscalía en una nota de prensa.
En cuanto a la promoción exterior del procés, se basa en la «fiscalización efectuada por el Tribunal de Cuentas sobre la acción exterior de la Generalitat y un ente denominado Diplocat». En este caso, se incluyen «los viajes realizados por el presidente y los consejeros de la Generalitat en el extranjero y las diversas actividades de la entidad Diplocat, tanto aquellas destinadas a promocionar el proceso soberanista, según el informe de fiscalización, como otra serie de gastos».
En este caso, la Fiscalía ha tenido en cuenta para fijar su postura los factores seguridad jurídica, libertad ideológica, delimitación competencial y alcance de las resoluciones del TC y la unidad de actuación del ministerio Fiscal. Así, por ejemplo, admite que los gastos atendidos por el Diplocat se deben a «actos coorganizados» por esta entidad «con diferentes instituciones, en gran parte con departamentos o institutos dependientes de universidades extranjeras y escuelas superiores u otros centros y entidades culturales».
