Pese a que las escuchas a políticos secesionistas conocidas como Catalangate están siendo promovidas por el separatismo como uno de los mayores escándalos de la democracia —una de los supuestos afectados, el diputado republicano Ernest Maragall, ha asegurado que es un caso más grave que el Watergate estadounidense que hizo caer a Nixon—, lo cierto es que éste podría acabar deshinchándose ante la falta de robustez de las pruebas aportadas. Ayer, el diario El País publicaba que, según fuentes gubernamentales, las escuchas fueron individualizadas y no indiscriminadas, y que todas ellas se realizaron con la correspondiente autorización judicial.
Asimismo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, negó rotundamente la ilegalidad del Catalangate durante la sesión de control en el Senado y retó al separatismo a llevar el caso a los tribunales para arrojar luz sobre el asunto. Eso sí, alertando a los nacionalistas que la «denuncia falsa es delito». Y es que Robles, en su contestación a preguntas de ERC, Junts per Catalunya y Bildu, defendió que el Gobierno «cumple escrupulosamente la legalidad. «En un Estado de derecho como España, cuando se comete un hecho delictivo hay unos procedimientos judiciales y son los jueces los únicos que pueden decir si se ha cometido o no un delito», recordó. «Si ustedes tienen dudas de ese cumplimiento de la legalidad, vayan a los tribunales», dijo, «pero con todas las consecuencias porque la acusación y la denuncia falsa también es un delito».
Pinza de Podemos y ERC contra Robles
Por otra parte, tal y como adelantó The Objective, ministros de Podemos quieren aprovechar el caso para que caiga Robles, una ministra históricamente enemistada con los morados y en las antípodas en términos ideológicos. Para ello, han activado un pinza con ERC: el portavoz de UP en el Congreso Pablo Echenique ha manifestado que «deben rodar cabezas» por el asunto mientras el portavoz de los republicanos ha señalado que «Robles, sí lo sabía, tiene que dimitir».
