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La AEB denunciará a la Generalitat ante el TSJC si la sentencia del 25% de castellano no se aplica este miércoles

El Govern aprueba el decreto ley con el que pretende sortear la obligación de empezar a impartir clases en castellano

Momento en el que la presidenta de AEB, Ana Losada, tomó la palabra en el acto celebrado ayer en el Clot. TWITTER.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha anunciado este lunes que denunciará a la Generalitat ante el TSJC si no comienza a aplicar la sentencia del 25% de castellano a partir del miércoles, 1 de junio. El plazo para la ejecución forzosa de la sentencia vence el martes y el Govern ya ha dado luz verde al decreto ley con el que pretende sortear el mandato judicial. Un decreto en el que pide a los centros educativos públicos que remitan a Educación en un plazo de 30 días los proyectos lingüísticos indicando cuestiones como que estos deberán «tener en cuenta las necesidades educativas y la diversidad cultural y lingüística del alumnado para asumir los objetivos de normalización lingüística del catalán».

La AEB ha calificado la actitud del Govern del separatista Pere Aragonés como «desobediencia clara, frontal y explícita a las decisiones judiciales». Algo que ha recordado es «una quiebra del Estado de Derecho que debe ser reparada por todos los medios de que se disponga». Por ello ha emplazado a todos los actores políticos a utilizar los recursos que sean necesarios «para conseguir la plena aplicación de la Constitución y de las sentencias de los tribunales».

La única respuesta es cumplir la sentencia

La entidad presidida por Ana Losada ha subrayado que la única respuesta que puede dar el Govern ante el auto y la sentencia del TSJC es «que todos los alumnos catalanes reciban una parte de su docencia, no inferior al 25%, en castellano». También ha señalado que, si el Govern entiende que el nuevo decreto ley es una «modificación legislativa», debe informar de ello al TSJC. Algo que, de momento, no ha sucedido.

La AEB, finalmente, ha exigido al Gobierno del socialista Pedro Sánchez que emplee los mecanismos que tiene a su alcance para que el Govern cumpla la decisión del TSJC y que la Generalitat «ajuste su comportamiento a las exigencias constitucionales».

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