No son pocas las voces constitucionalistas que han denunciado el papel desempeñado por las élites catalanas en el auge del secesionismo, ya sea por acción u omisión. Este vínculo vuelve a quedar de manifiesto ahora con la última decisión de la Cámara de Comercio de Barcelona: aprobar el próximo 29 de junio un manifiesto de reconocimiento del Consell per la República —un gobierno separatista paralelo que opera desde Bélgica— y de su presidente, el fugado de la Justicia Carles Puigdemont.
Así, en un texto, la Cámara presidida por Mònica Roca «expresa el reconocimiento merecido al Consell per la República por su preciada tarea dirigida a conseguir aquel objetivo [la secesión], tan necesario como urgente para el tejido productivo de nuestro país, y a su asamblea de representantes, constituida recientemente en la Cataluña Norte [territorio del sur de Francia que el separatismo considera parte de Cataluña, como órgano legítimo de representación».
«Agravios crónicos»
El documento —que se aprobará con toda probabilidad dada la mayoría separatista de la Cámara— exige también una «política económica valiente» que «acabe con el menoscabo y los agravios crónicos que padecemos desde hace demasiado tiempo, en particular, en las inversiones en infraestructuras». Asimismo, en el mismo pleno se aprobará la supresión de la corona borbónica del escudo tradicional de la institución, cuyo origen data de 1758.
