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ANÁLISIS / A vueltas con el precio de la electricidad en España

El precio de la electricidad sigue por las nubes en junio de 2022 y el Gobierno de Sánchez sigue dando palos de ciego

Torres de distribución de electricidad.

Llevamos unas cuantas intervenciones gubernamentales en el mercado eléctrico desde que los precios que pagan los clientes empezaron una escalada imparable en el primer trimestre de 2021. En junio de ese año, el gobierno aprobó el Real Decreto-ley 12/2021 de 24 de junio en el que se adoptaron las primeras “medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad” para rebajar la factura eléctrica. Tres meses después, el gobierno aprobó el Real Decreto-ley 17/2021 de 14  septiembre de 2021 en el que presentaba un plan de choque “para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural y electricidad” y “mantener la factura final de la electricidad de los consumidores estes 2021 en el mismo nivel que en 2018”.

Este último decreto reafirmaba el compromiso anticipado por el presidente Sánchez en una entrevista publicada en el diario El País el 5 de septiembre en la que afirmó: “cuando acabe 2021 se habrá pagado de luz lo mismo que en 2018”. Resulta sorprendente el empecinamiento del presidente y su gobierno de convencernos de que aquello que todos los consumidores conocemos de primera mano, que la factura eléctrica se ha disparado en 2021 y 2022, es un mero espejismo. Los economistas sabemos que las cantidades demandadas se reducen cuando suben los precios, los consumos tendrían que haberse reducido a menos de la mitad para que la factura se hubiera mantenido inalterada en 2021, algo en la práctica casi imposible y que no es, desde luego, lo que ha ocurrido en España en 2021 y 2022.

Terca realidad

Como mostré en mi artículo “Precios de la electricidad y políticas gubernamentales I”, publicado el 9 de abril de 2022, el plan de choque del gobierno de septiembre no logró contener la escalada de los precios de generación ni el alza del precio de electricidad en el IPC en los meses previos a la invasión de Ucrania. La única fuente de alivio en la cada vez más abultada factura eléctrica de familias y empresas provino de la rebaja transitoria del impuesto sobre la electricidad (de 7% a 0%) y el IVA (de 21% a 10%) puestas en marcha a finales de junio de 2021, y que “según fuentes de Transición Ecológica… [han] supuesto una merma para las arcas públicas de 4.800 millones”.  Ni a los impuestos ni a la recuperación económica cabía atribuir el sostenido aumento en el precio diario en el mercado de la electricidad, y no es de extrañar, por tanto, que el precio continuara subiendo tras las reformas de junio y septiembre. 

Así lo atestigua el Gráfico 1, elaborado por el Operador del Mercado Ibérico de Electricidad (OMIE), que muestra un notable pico en diciembre de 2021, seis y tres meses después de la reducción impositiva de 24 de junio y la puesta en marcha del plan de choque el 14 de septiembre, respectivamente. En el citado artículo insistía en que “aunque la invasión de Ucrania ha añadido, sin ninguna duda, más leña al fuego de las subidas de los precios energéticos”, el precio de la electricidad había registrado ya una intensa elevación antes de septiembre de 2021 y continuó su imparable escalada en los últimos meses de ese año y las primeras semanas de 2022, sin que esos aumentos puedan achacarse a la invasión de Ucrania. Como puede verse en el Gráfico 1, el precio en el mercado diario registró efectivamente su pico más elevado a los pocos días después de iniciarse la invasión (574,93 €/MWh), pero puede constatarse también que la situación se normalizó con gran rapidez y los precios volvieron a situarse en torno a 200 €/MWh, alcanzando valores similares a los registrados en los últimos meses de 2021 y comienzos de 2022.

Gráfico 1. Precio del mercado diario de electricidad desde 25/06/2021 a 25/06/2022

(en €/MWh)

Fuente: OMIE.

En mi artículo “Precios de la electricidad y políticas gubernamentales II” publicado el 16 de abril de 2022, descartaba que el aumento del precio de la electricidad en 2021 fuera el resultado de un aumento inusitado en la demanda, y lo achacaba a cuatro factores: 1) el aumento del precio del gas natural; 2) el aumento del precio de los derechos de emisión de gases en la UE; 3) la fuerte reducción en el suministro de gas natural procedente de Rusia a través del gasoducto que atraviesa Ucrania; y 4) el cierre del gasoducto del Magreb-Europa por parte de Marruecos el 31 de octubre de 2021. Quiero recordar que el cerrojazo de Marruecos obligó a España a importar gas licuado de Argelia y Estados Unidos, convertido desde entonces en nuestro principal proveedor de gas.

A la vista de esta relación de causas, nadie puede extrañarse de que la rebaja impositiva de junio y el plan de choque de septiembre del gobierno no lograran contener el aumento sostenido del precio de la electricidad en España. Sobre lo que no cabe ninguna duda es que detrás del aumento del precio de los derechos de emisión en los últimos años está la política unilateral de transición ecológica seguida por la UE que disparó los precios de los derechos de emisión de gases a partir de 2018, y con gran intensidad en 2021, y detrás del aumento en el precio del gas natural en Europa las torpezas diplomáticas en que han incurrido las instituciones europeas y el gobierno de España en sus relaciones con Rusia, por una parte, y con Argelia y Marruecos, por otra. 

Buena prueba de la inefectividad de las medidas adoptadas en junio y septiembre de 2021 es que Ribera, vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, se reunía en Bruselas el pasado 26 de abril con Vestager, comisaria de la Competencia, con el propósito de presentarle el plan hispano-luso que contemplaba imponer un tope extraordinario de 50€/MWh al precio del gas natural empleado como combustible en las centrales térmicas durante un año. Tres días después, el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto-ley 6/2022 de 29 de marzo con diversas “medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania”. 

La mayoría de las medidas y ayudas contempladas en este decreto de 29 de marzo abordaban los problemas suscitados por el aumento del precio de otros productos energéticos y sus consecuencias sobre los sectores intensivos en el uso de energía y las familias más vulnerables. En relación con el precio de la electricidad, el decreto se limitaba a mantener “las rebajas fiscales en el recibo de la luz hasta el 30 de junio” aprobadas en junio de 2021, y disponía que “los hogares que reciben el bono social eléctrico crecerán en 600.000 familias y beneficiará a 1,9 millones de hogares”. Quiero recordar que el coste del bono social eléctrico recaía no sobre los presupuestos de las Administraciones Públicas, sino sobre los clientes de las principales comercializadoras de referencia autorizadas para tramitar las solicitudes. 

Inicialmente el coste del bono social eléctrico lo soportaban los clientes de cinco empresas comercializadoras. Aunque el sistema se modificó posteriormente, una reciente sentencia del Tribunal Supremo conocida el 22 de febrero de 2022 anuló el actual sistema por discriminatorio “porque la obligación de servicio público no se impone a todas las empresas eléctricas, sino exclusivamente a las matrices de los grupos de sociedades en los que se desarrolla la actividad de comercialización y a las empresas que, realizando esta actividad, no se integran en ningún grupo”. El Ministerio de Transición Ecológica reaccionó ante esta sentencia desfavorable asegurando que los beneficiarios “seguirán percibiéndolo como hasta ahora”, sin aclarar cuánto dinero tendrá que devolver a las comercializadoras, y limitándose a apuntar que el Ministerio “trabajará sin precipitación para diseñar un nuevo régimen jurídico con todas las garantías”. Esta vicepresidenta no da una.

La excepción ibérica

El decreto de 29 de marzo tampoco decía ni palabra sobre la tan cacareada excepción ibérica, esto es, la imposición de un tope de 50 €/MWh al precio del gas empleado en las centrales térmicas pendiente, cómo no, de su aprobación en Bruselas. El 2 de mayo, la vicepresidenta Ribera anticipaba que la medida podía “adoptarse la próxima semana”. Pero como explicaba en mi artículo “Precio de la electricidad y políticas gubernamentales III”, publicado el 8 de mayo, nada es gratis. La implantación de la medida requería establecer un mecanismo para compensar a las centrales térmicas que adquieren gas natural al precio de mercado, superior al tope fijado por el gobierno, y advertía que el “el propósito de esta medida no es tanto abaratar la electricidad cuanto elevar el precio de la electricidad para los clientes acogidos el mercado libre a fin de compensar la bajada del precio a los clientes bajo el mercado regulado (PVPC) cuyos precios, al fluctuar con los precios de generación han registrado desorbitados aumentos en 2021 y 2022… a resultas de las fuertes subidas de los precios del GN y los permisos de emisión de gases”. 

En un Consejo de Ministros extraordinario celebrado el 13 de mayo, el gobierno aprobó finalmente limitar el “precio del gas a la hora de vender al sistema eléctrico. Ese tope se iniciará en 40 euros el megavatio hora durante seis meses y se incrementará después, mes a mes, hasta alcanzar un promedio de 48 euros”. Según palabras de la propia vicepresidenta Ribera “el precio medio de la electricidad caerá de forma importante hasta el entorno de los 130 euros el megavatio hora en promedio a lo largo del año, frente a los 210 euros del primer trimestre de 2022”, y el beneficio “llegará a todos los consumidores, que no tienen que hacer nada para disfrutar de ella. El efecto será inmediato en los consumidores con tarifa PVPC -la tarifa de luz por horas- y progresivo para el resto”.

¿Nos lo creemos?

Aunque aprobada la medida el 12 de mayo, lo cierto es que la orden ministerial que fijaba el tope al precio del gas no se publicó en el BOE hasta el 9 de junio y el mecanismo no empezó a aplicarse hasta el 14 de junio, casi tres meses después de la reunión mantenida por la vicepresidenta Ribera con la comisaria Vestager en Bruselas el 26 de marzo, y casi año y medio después de que el precio de la electricidad comenzara su vertiginosa escalada en España.  Pasmosa exhibición de diligencia por parte del gobierno.

Pocos días después, el 22 de junio, la vicepresidenta Ribera sacaba pecho en TVE y destacaba que el precio medio de la electricidad en el mercado mayoristaen Francia durante la última semana ha sido de 287 euros el MWh; en Italia, de 303 euros, y en España, de 155 euros”, y que “incluso sumando el ajuste, nos hemos quedado en 249 euros el MWh, cuando muy probable hubiera estado en el entorno de 280 euros y eso sabiendo que el preciodelgas ha pasado de 29 euros el MWh hace ahora un año a 122 euros”. Y llegaba la ministra a la conclusión de que “los españoles se han ahorrado entre25 y 30 euros en el megavatio hora (MWh) en la última semana por la excepción ibérica’”.

Como puede apreciarse en el Gráfico 1, el precio en el mercado diario se ha reducido en los últimos días de junio, según OMIE, acercándose a 150 €/MWh, pero ese precio no incluye, como ya se ha indicado, el ajuste para compensar a las centrales térmicas que emplean gas natural. La vicepresidenta afirmó también que ese precio final ha quedado en 249 €/MWh tras el ajuste, aunque no ofreció detalles sobre cómo se ha calculado esa cifra. Para hacernos una idea más precisa de lo que está ocurriendo en los mercados desde la puesta en marcha del tope al precio del gas, el Gráfico 2 presenta la evolución del coste unitario de generación, el precio medio de comercializadores (libres y de referencia) y el término activo de facturación PVPC en €/MWh, desde el 1 hasta el 25 de junio de 2022 a las 00:00 horas.

Gráfico 2. Coste unitario, precio final medio y término facturación PVPC en junio de 2022 (00:00 horas en €/MWh)

Fuente: elaboración propia a partir de la información disponible en e.sios REE.

El Gráfico 2 muestra que el coste unitario de la energía (línea azul) y el precio final medio (línea roja) resultaban prácticamente indistinguibles hasta el 13 de junio, pero la introducción de la reforma abrió una brecha entre ambos que parece, no obstante, haberse cerrado el 23 de junio. Además, ambas líneas muestran una tendencia descendente desde los valores máximos que alcanzaron el coste unitario y el precio medio final (226,05 y 286,43, respectivamente) el 18 de junio. Hasta aquí todo parece encajar con las previsiones de la vicepresidenta Ribera. Sin embargo, al observar la evolución del término de facturación PVPC (línea morada) se observa que el precio se ha distanciado ostensiblemente tanto del coste unitario como del precio final medio de la energía eléctrica y está marcando registros máximos desde entonces. Esta evolución perjudica a los beneficiarios del bono social eléctrico, pero resulta insoportable para el resto de clientes acogidos a la tarifa ‘regulada’ PVPC con discriminación horaria.

De momento, no

La previsión de la vicepresidenta de que el beneficio de poner un tope al precio del gas natural empleado para producir electricidad “llegará a todos los consumidores” y que “el efecto será inmediato en los consumidores con tarifa PVPC” no se ajusta en absoluto a lo que parece estar ocurriendo en el mercado eléctrico desde el 14 de junio. Más preocupante incluso: resulta difícil comprender por qué los precios de los clientes PVPC, que son los que por estar ligados al coste de generación más deberían notar las reducciones en dicho coste y en el precio medio final de la energía, son los que están soportando precios no sólo mucho más altos que los restantes clientes, sino precios superiores incluso a los ya desorbitados precios con que los han estado penalizando las comercializadoras antes de que el gobierno pusiera marcha la ‘excepción ibérica’.

De momento, lo único que se puede concluir con certeza es que la previsión anticipada por la vicepresidenta Ribera de que el beneficio de la reforma “llegará a todos los consumidores” y “el efecto será inmediato en los consumidores con tarifa PVPC” no se ha cumplido. Este último grupo de clientes continúa sufriendo una grave de discriminación que, en contra de lo anticipado por la vicepresidenta, parece haberse incluso agravado desde el 14 de junio. Para este grupo de clientes, penalizados por las comercializadoras eléctricas, ni las reducciones impositivas acordadas el 14 de septiembre de 2021, ni la anunciada reducción transitoria del IVA de 10% a 5%, suponen nada más que un pequeño alivio en el montante total de la factura. Los precios de la electricidad siguen por las nubes en junio de 2022, y el gobierno continúa dando palos de ciego con una vicepresidenta del ramo claramente sobrepasada, que actúa tarde y parece no comprender siquiera cómo funciona el mercado ibérico de electricidad.

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