En el recuerdo de todos está que el expresidente de la Generalitat y patriarca del nacionalismo Jordi Pujol presentó en los ochenta la corrupción que le cercaba por el caso Banca Catalana como un «ataque contra Cataluña». Más de cuatro décadas después, el separatismo sigue envolviéndose en la bandera para ocultar sus vergüenzas. Y es que, después de que el magistrado del TSJC que investiga a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, emitiese una interlocutoria para que el fiscal solicite en 10 días que se abra juicio oral contra la líder de Junt por prevaricación, fraude, falsedad y malversación, su partido, Junts per Catalunya, ha salido en su defensa cargando contra la «represión» del Estado.
«Una vez más se encuentra bajo la espada represiva del estado. Es el enésimo ejemplo de una situación de persecución que ya no solo denunciamos nosotros», señaló ayer en el Parlament el portavoz de los neoconvergentes, Josep Rius. «Es un hecho, la calidad democrática del estado español vuelve a estar cuestionada y su reputación internacional todavía más estropeada», aseguró, apoyándose en un informe elaborado por un diputado letón que critica la actuación española en el procés pero que, sin embargo, no contó con el aval de la Eurocámara.
Por su parte, la propia Borràs ha salido al paso de su nuevo situación judicial en un mensaje en redes sociales repleto de ironía: «Una vez más, de hecho, como siempre, he tenido antes la información por los periodistas que por mis abogados». Y ha agregado: «Todo muy de “democracia perfecta”: irse cargando derechos uno tras otro. A punto para un juicio justo».
