El 25% de castellano escolar ordenado por los tribunales catalanes se ha convertido en un asunto incómodo para el Gobierno de Pedro Sánchez. Después de que el TSJC exigiera la ejecución forzosa de la sentencia dado que el Govern se negaba a acatarla, los partidos nacionalistas y el PSC acordaron una ley ad hoc para preservar el modelo monolingüe exclusivamente en catalán. A raíz de ello, el TSJC ha suspendido la aplicación de la sentencia pero ha advertido que las leyes de la Generalitat tienen «vicios de inconstitucionalidad».
En Cataluña, las asociaciones probilingüismo —agrupadas bajo el paraguas Escuela de Todos, entre las que se incluye la más representativa, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB)— han pedido al Ejecutivo de Sánchez que lleve al Tribunal Constitucional la sentencia y haga cumplir el marco legal, dado la desobediencia en la que se ha instalado el nacionalismo gobernante en Cataluña. Sin embargo, en una entrevista concedida en TVE, la ministra de Educación, Pilar Alegría, pidió «prudencia» para abordar el asunto y no aclaró si lo llevará al Constitucional. «Cuando llegue al Ministerio de Educación y la podamos valorar, la trasladaremos al TSJC. Con este tema hay que actuar con prudencia y que se nos permita conocer el contenido del mismo», manifestó.
La reacción de la AEB ante estas declaraciones fue contundente: «Dice la ministra Pilar Alegría que no nos precipitemos, que seamos prudentes, que tanto ella como la abogacía del estado aún no han podido certificar que en Cataluña no se puede estudiar en castellano. ¿Necesitan tal vez otros 30 años más?», denunció la entidad.
