La mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern ha logrado este miércoles sus primeros acuerdos, entre los que destacan los relativos a blindar aún más la inmersión lingüística y el apoyo implícito del Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez al incumplimiento de la sentencia del 25% por parte de la Generalitat. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que ambas partes han acordado que «en el ámbito lingüístico, se quiere reforzar la independencia de las escuelas para que se adapten a su contexto sociolingüístico«. Una postura defendida de siempre por el PSC pero que choca frontalmente con las sentencias del TSJC que obligan que un 25% de las clases, como mínimo, se impartan en castellano.
Bolaños ha calificado como «riqueza» la coexistencia de dos lenguas en Cataluña. Y se ha comprometido a fortalecer aún más la presencia del catalán en las aulas: «Reconocemos la autonomía de las escuelas para decidir el proyecto lingüístico».
En este nuevo encuentro de la mesa de diálogo, han participado, por parte del Ejecutivo central, el propio Bolaños y los ministros Miquel Iceta, Yolanda Díaz e Isabel Rodríguez. En representación del Govern han participado en la reunión los consellers Laura Vilagrà, Roger Torrent, Joan Ignasi Elena y Natalia Garriga. Ambos equipos han decidido, entre otras cuestiones, avanzar en la llamada «desjudicialización del procés», aunque sin llegar a ningún acuerdo concreto en este momento.
Sin concesiones del Govern al castellano
En lo referente al catalán, la mesa ha acordado «garantizar el nivel de conocimiento y uso de esta lengua», además de «contribuir a su fortalecimiento» promoviendo una «presencia adecuada en los currículos y proyectos lingüísticos». Ambos ejecutivos se han comprometido a «resolver por la vía del diálogo y la negociación los conflictos» que puedan surgir en la aplicación de aquellas normativas tendentes a proteger el catalán frente al castellano. Por si esto no fuera suficiente, el Gobierno central también ha aceptado «facilitar el uso del catalán en todos los sectores» y asegurar su presencia en «instituciones comunitarias e internacionales» como la UNESCO.
De este modo, el Gobierno pedirá al Parlamento europeo que contemple el catalán como una lengua oficial más y «a efectos del ejercicio del derecho de petición ante la institución». A esto se sumará la posibilidad de que los diputados catalanes puedan expresarse en esta lengua en el Senado, con vistas a que también puedan hacerlo en el Congreso, y el compromiso de que el Govern pueda enviar a sus representantes a foros internacionales «que traten políticas con dimensiones lingüísticas«. Todo ello financiado por el Estado y sin ninguna cesión por parte de Cataluña con respecto al uso del castellano en esta comunidad.
