Por sorpresa y dos horas después de que el TSJC informara a Laura Borràs oficialmente de la apertura de juicio oral por el caso de presunta corrupción en el que está implicada, la Mesa del Parlament ha dado luz verde a la que hasta este jueves ha sido su presidenta. Lo ha hecho con los votos a favor de los representantes de ERC, PSC y la CUP a cuyos diputados se ha referido Borràs como «jueces hipócritas».
La ya ex presidenta ha reaccionado como cabía esperar en ella, con un discurso plagado de reproches y lamentos y en el que no han faltado los intentos de culpabilización al supuesto Estado represor. «Se me ha suspendido en contra de mi voluntad», ha dicho la también presidenta de Junts, que ha asegurado que el reglamento del Parlament «no obliga a nadie a dimitir». «Quería», ha añadido, «un Parlament desacomplejadamente comprometido en la defensa de todos los diputados». Pero se ha encontrado unos socios de gobierno y una oposición no dispuestos a mantenerla al frente de la Cámara estando, como está, a la espera de sentarse en el banquillo acusada de delitos de corrupción por los que la Fiscalía le pide nada menos que seis años de prisión y 21 de inhabilitación.
Presunción de inocencia
«Ningún demócrata, ningún independentista se puede sentir satisfecho», ha asegurado Borràs tras ser suspendida como presidenta del Parlament y diputada. Y es que considera que, con esta decisión, la Mesa ha vulnerado su «derecho a la presunción de inocencia«. Una decisión «injusta» que, en su opinión, «afecta a la democracia, al Parlament y al conjunto del independentismo, que tiene mayoría absoluta en la Cámara». «Nosotros somos nuestros propios adversarios«, ha concluido una abatida Borràs que ha agotado el plazo para ser ella misma quien tomara la decisión de dejar los cargos, tal y como le había pedido ERC en varias ocasiones en las últimas semanas.
