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El delito de sedición seguirá vigente

Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deportes, en el último Primavera Sound.

No es fácil llegar a un acuerdo para reformar el delito de sedición, afirma Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, entrevistado por el Periódico de Catalunya el domingo 7 de agosto. Hablando de la mesa de diálogo y de la desjudicialización del conflicto, expone: «Eliminación no, reforma. Se traducirá en que si nos ponemos de acuerdo presentaremos una propuesta de reforma legal en este terreno u otros. Estamos hablando muchísimo. Eliminación no puede ser. Ir contra la Constitución y la integridad territorial de España ha de ser delito. ¿Con qué formas, penas, condicionantes? Esto es lo que se puede discutir. Siempre hemos dicho que nos gustaría ajustar mejor las previsiones del Código Penal a las que en este mismo terreno hacen los códigos penales de todos los países europeos.»

No es ninguna sorpresa. Ya en enero pasado la Vanguardia titulaba: El Gobierno descarta la reforma de los delitos de rebelión, sedición e injurias a la Corona: «El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso acelerar el proyecto para rebajar el delito de sedición, por el que fueron condenados los líderes independentistas del procés ya indultados, y lo incorporó a última hora en la planificación normativa del Ejecutivo para antes de que concluyera el año 2020. No obstante, la iniciativa quedó aparcada, según alegó el Gobierno, por la ausencia de una mayoría parlamentaria que respaldara dicho proyecto. La reforma de la sedición ya quedó fuera del plan normativo del 2021, y ahora también del del 2022.»

Ahora o nunca

En principio una reforma que rebajara la pena beneficiaría a Carles Puigdemont y a otros exiliados, pues aunque el delito fuera anterior a la reforma se les aplicaría la norma más favorable. Jaume Assens, jefe del grupo parlamentario de Podemos, entrevistado en Rac1 el día 2, sostenía que el momento es ahora o nunca y confiaba en que la reforma sería posible antes de finalizar el año, ya que «podría salir adelante con la mayoría de la investidura». Assens, intentando confundir al oyente, dice que «la reforma del delito de sedición facilitaría el regreso de los exiliados, porque desaparecería uno de los delitos de los que se les acusa» —desaparecería si fuera eliminada la secesión del Código Penal, no si se reforman los artículos que tratan de ella— y que «a priori debería haber suficiente; ahora bien, con el señor Marchena puede pasar cualquier cosa» —lo que no va a pasar es que el poder judicial ignore al legislativo—. 

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha declarado el sábado 6 a Europa Press que la reforma del delito de sedición no debe plantearse para la vuelta de Puigdemont a España. Es un rechazo en toda regla a lo manifestado por Jaume Asens «apremiando a PSOE y a ERC a abordar la reforma del delito de sedición porque cree que su derogación facilitaría el posible retorno de los políticos independentistas en el extranjero».

Por supuesto que el articulado del Código Penal ha de servir para todos los casos posibles y no hay que adaptarlo para resolver un caso concreto, pero Robles parece dar largas al asunto. Lo de que «no hay que legislar en caliente» es lo que siempre se dice cuando no se quiere cambiar nada y se prefiere dejar las cosas como están durante una buena temporada. Son casi cinco años desde los últimos delitos de sedición cometidos en España, nadie dirá que están legislando en caliente.

La independencia, a fuego lento

En cualquier caso, no parece inminente la reincidencia. Los mismos divulgadores del lema «tenim pressa», hace tiempo que parecen inspirarse en el lema contrario: «no tenim pressa». La independencia, que antes del fiasco de 2017 era un objetivo necesario, urgente, posible, inevitable e inminente, se ha convertido, en esta legislatura, en un punto en el horizonte hacia el que nos encaminamos sin prisa y con las pausas que hagan falta, y sin hablar demasiado sobre la cuestión.

El presidente Aragonès, entrevistado en la Vanguardia el mismo domingo 7 —Cocinar un domingo es mi momento de calma—, habla más de cocina doméstica que de política, y la independencia parece quedar para mucho más adelante: 

«La buena política necesita paciencia. La gente quiere resultados inmediatos pero algunos son muy efímeros y las transformaciones importantes necesitan tiempo. A mí me inspira Gramsci y el concepto de hegemonía cultural, que hay que conseguir para tener la hegemonía política. En cierta manera es lo que ha hecho el independentismo de izquierdas en Catalunya. Necesitas la hegemonía cultural y luego vienen las victorias políticas. Las transformaciones, la construcción de mayorías sólidas, también para la independencia, necesitan tiempo.»

ERC, como cualquier partido integrado en el sistema, aspira a configurar una mayoría sólida, pero para ello, ahora y aquí, ha que entenderse con fuerzas que están abiertamente en contra de la independencia. ¿Cómo se resuelve la contradicción? Dejándola para mejor ocasión y tratando de hacer amigos entre los que no están por la labor secesionista. Y sobre la invocación a Gramsci habría mucho que decir, pero de entrada ya se ve que se traducirá en atar corto, más todavía, a los medios de comunicación.

En cuanto a una mayoría que sea a la vez sólida e independentista, ni siquiera los de la CUP creen que exista. Eulàlia Reguant, entrevistada en el Món el miércoles 3, se carga la consigna aparecida inmediatamente después de las últimas elecciones autonómicas, en febrero de 2021 —Som el 52%—, y proclama: Olvidémonos del marco del 52% independentista, porque no existe. Lo que significa también, implícitamente, cargarse el Consell per la República, que en su momento dijo que de aquellas elecciones surgió «una mayoría parlamentaria independentista, renovada, ampliada y la más alta en la historia desde la restauración del Parlamento de Cataluña».

La dicotomía resistencial que había en un primer momento, entre los de la cárcel y los del exilio, se ha ido decantando a favor de los de la cárcel, que al cabo de tres años y medio se han visto indultados y desarrollan su vida política con toda normalidad. Hay exiliados que vuelven, pero no encarcelados ni excarcelados que huyan al extranjero. Y todo eso sin necesidad de reformar el Código Penal.

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