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Los ciudadanos solo presentan cinco propuestas para la nueva ley catalana contra el racismo

Una de ellas plantea la posibilidad de que la norma establezca que la Generalitat avale a los inquilinos extranjeros

El anteproyecto de ley contra el racismo en todas sus formas y expresiones que prepara el Govern presidido por Pere Aragonés sigue adelante. En estos momentos, se encuentra en fase de recogida de propuestas por parte de la ciudadanía. Una fase que concluirá el próximo 30 de septiembre y en la que solo se han presentado cinco sugerencias, según se puede comprobar en la página web preparada al efecto.

La propuesta más elaborada está firmada por Pere Matesanz y tiene como objetivo que la nueva legislación contemple la figura del apadrinamiento «para evitar el racismo inmobiliario«. Según el documento que acompaña a la misma, «un 72,5% de las empresas inmobiliarias reconocen abiertamente que discriminan por razones de origen o etnia a la hora de alquilar una vivienda». En el caso de Barcelona, y citando un estudio municipal, el autor de esta propuesta recuerda que el 62% de las inmobiliarias rechaza «atender las demandas de contratar un piso de alquiler si el solicitante es de origen extranjero». Con el fin de solventar esta situación, el autor del texto plantea que la nueva ley catalana contemple acciones como, por ejemplo, el aval a este tipo de inquilinos.

Una segunda propuesta plantea que la nueva ley autonómica contemple una regulación del derecho de admisión en el ocio nocturno para acabar con su «carácter ambiguo». En este sentido, señala que los porteros de estos establecimientos han de estar debidamente identificados y que es necesaria «una regulación más exhaustiva» de rótulos de los locales «en los que se determine cuáles son las normas de acceso al establecimiento y el aforo máximo» con el fin de «evitar la expulsión arbitraria de usuarios».

Las tres propuestas restantes se presentan como meros comentarios. Así, la Plataforma Gitana de Acción Política Politirrom pide que la ley contemple a este colectivo y actúe «contra el antigitanismo». Otra usuaria plantea la necesidad de estudiar «la raíz histórica y estructural» de este problema, mientras que un tercero señala que la nueva norma ha de analizar aspectos como la relación del racismo con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, la posibilidad de recoger datos sobre el origen étnico o los aspectos relacionados con la justicia restaurativa.

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