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ECOS INDEPENDENTISTAS | Exprimiendo el dictamen del Comité de Derechos Humanos

Los presos del 'procés', saliendo de la cárcel. EFE.

El Comité de Derechos Humanos es el organismo de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes», y también tiene «la facultad de examinar las denuncias individuales relativas a presuntas violaciones del Pacto».

Presentaron denuncia Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, y ahora este Comité concluye que «España violó [sus] derechos políticos […] al suspenderlos de sus funciones públicas, previo a la existencia de una condena». Éste es el dictamen<, donde se puede leer lo siguiente:

«El Comité considera que el Estado parte no ha demostrado que la aplicación del Artículo 472 del Código Penal [sobre el delito de rebelión], y la consecuente aplicación del Artículo 384 bis de la LECrim [suspensión de cargo público una vez decretada la prisión provisional bajo la acusación de rebelión], llevada a cabo por los tribunales internos, cumpla con el requisito de previsibilidad exigido por el Artículo 25 del Pacto. Asimismo, en las circunstancias del presente caso, una aplicación del derecho interno que resulte automáticamente en la suspensión de funciones de oficiales electos, por presuntos delitos sobre la base de hechos públicos y pacíficos, con anterioridad a la existencia de una condena, precluye un análisis individualizado de la proporcionalidad de la medida y no puede por ende considerarse que cumpla los requisitos de razonabilidad y objetividad exigidos. En conclusión, el Comité concluye que el Estado parte violó los derechos de los autores en virtud del artículo 25 del Pacto, en tanto la decisión de imputar a los autores por el delito de rebelión que resultó automáticamente en sus suspensiones de sus funciones públicas previas a la condena no fue por motivos previstos en la legislación, que sean razonables y objetivos.»

El dictamen incluye el voto particular de dos de sus miembros quienes entienden, en sentido contrario, que «la medida de suspensión de las funciones públicas de los autores, debido a las trascendentales implicaciones políticas de sus actuaciones, fue necesaria, razonable, objetiva y proporcionada». En cuanto a la substitución del delito de rebelión por el de sedición, «el curso de los acontecimientos sólo refleja el funcionamiento regular de los tribunales nacionales, donde una decisión posterior (durante el juicio) evalúa y cambia una decisión anterior (del juez de instrucción) frente a pruebas más detalladas y amplias. Por lo tanto, no hubo arbitrariedad, ni denegación de justicia por parte de los tribunales internos y no se causó un daño irreparable a los autores, quienes recuperaron sus derechos políticos».

Las vergüenzas de España

El independentismo pretende presentar este dictamen como una gran victoria, aunque sus consecuencias serán mínimas. ElDiario.esUn comité de la ONU concluye…— recuerda que «en los últimos años el Tribunal Supremo ha rechazado que este tipo de dictámenes sean vinculantes para los jueces españoles al mismo nivel que una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «No procede equiparar las sentencias del TEDH con las recomendaciones o dictámenes de los distintos Comités de las variadas organizaciones internacionales que se pronuncian sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por España en materia de derechos humanos».»

«El independentismo pretende presentar este dictamen como una gran victoria, aunque sus consecuencias serán mínimas»

Joan Vall Clara escribe en el Punt-Avui el jueves 1 de septiembre —¿Qué más les da?—: «Han vulnerado derechos, han construido relatos, han maquiavelado acusaciones, han retorcido la ley y el derecho procesal y han abusado de los aparatos del Estado para ir contra unas ideas. ¿Y a ellos qué? ¿Qué más les da la declaración de la ONU que ayer enardeció a las desorganizadas filas independentistas?» Pero a algo tienen que agarrarse, en vigilias del 11 de septiembre, aunque sea a un intangible.

José Antich, en el Nacional, dice que se trata de una victoria que desnuda a un Estado, «una victoria importante a la hora de explicar al mundo el comportamiento autoritario y poco democrático de un Estado demasiado acostumbrado a prescindir de la legalidad». Aunque el dictamen no representa ningún premio al ordenamiento jurídico del Estado español, tampoco se puede decir que se lleve la palma en cuanto a prescindencia de legalidad.

Si uno se da un paseo por los temas que el Comité de Derechos Humanos está tratando, se encuentra con: 18 muertos y 243 heridos en una manifestación en Uzbekistán; posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la República Centroafricana; el aumento de la violencia en zonas rurales de Colombia; el secuestro de personas defensoras de derechos humanos en la frontera de México con Estados Unidos; el cierre arbitrario de organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua; ataques contra la prensa en Camboya; muertes de manifestantes en Sierra Leona. Es una pequeña muestra de lo que hay sólo este verano, dicho sea para poner en contexto el dictamen y sin ánimo de comparar situaciones de muy distinta naturaleza; pero da la impresión que para el Comité de Derechos Humanos no es España una de sus primeras preocupaciones.

Pero Antich lamenta la exhibición de «las vergüenzas de España»: «No deja de ser llamativo que cada vez que hay un pronunciamiento internacional del tipo que sea, en relación con lo que hicieron los tribunales a raíz del referéndum y de la declaración de independencia, sea siempre un revés que enseñe al mundo las vergüenzas de España.»

Y aprovecha para desacreditar la llamada mesa de diálogo, que es para lo que se va a aprovechar el dictamen en cuestión: «La única normalización es la de este tipo de resoluciones internacionales, no la de huecas mesas llamadas de diálogo y que se dedican a hablar del tiempo más que a dotar de contenido su creación: amnistía y referéndum acordado.»

La inconsistencia catalana

Antoni Bassas, en el Ara, afirma que, «a punto de llegar al quinto aniversario del 1 de Octubre», el juez Llarena sigue acumulando felicitaciones internacionales: «La realidad, que ya era clara como un vaso de agua, se vuelve a imponer: allí no había ningún indicio de rebelión y, por tanto, el juez Llarena forzó la interpretación de los hechos para meter en prisión a políticos que eran cargos electos.»

Y buscando alguna utilidad a todo el asunto, consciente de que el dictamen no da para más, anuncia un eventual cuestionamiento del juicio a los líderes procesistas: «¿Cuáles son los efectos prácticos del dictamen de la ONU? Quizá ninguno. Digo “quizá” porque la ONU da a España seis meses para que explique qué medidas pondrá en práctica para arreglar los daños que ha cometido», pero «no obliga a España a reparar el mal causado a los cuatro políticos a los que vulneró sus derechos. Ahora bien, con este dictamen, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene todavía más motivos para considerar que los presos del Proceso no tuvieron un juicio justo.»

En Vilaweb, Vicent Partal —La ONU, la congruencia española y la inconsistencia de los políticos catalanes— insiste en la maldad española y la incapacidad catalana de entenderla y hacerle frente:

«Cabe remarcar que esta arbitrariedad jurídica no es ningún error esporádico ni la posición personal de un juez torpe, sino una operación de estado diseñada con la voluntad expresa de modificar la situación política creada por el referéndum de autodeterminación y la proclamación de la independencia — operación en la que se utiliza la justicia no como un instrumento jurídico, sino como un instrumento político, a partir de la represión personalizada.»

«España es congruente, por más repugnante que sea esto, porque no le importa nada ni tiene ningún miramiento a la hora de pagar cualquier precio para retener a Cataluña — precisamente porque su máxima aspiración política es ésta: que no nos vayamos. Pero esta actitud congruente española recibe una respuesta inconsistente de parte de la actual clase política catalana, ahora mismo de una forma muy evidente de parte del gobierno de la Generalitat.»

Partal denuncia la incapacidad catalana de dar cumplida respuesta al ataque recibido durante todo este tiempo por España: «A un ataque nacional, coherentemente nacional (…) el catalanismo, eso que llaman el independentismo institucional, no responde, porque no quiere responder, con un contragolpe nacional también coherentemente nacional (…) A un ataque a muerte del estado como conjunto, el independentismo responde estabilizando políticamente ese estado que le ataca y salvándole la cara internacionalmente» mediante inútiles mesas de negociación.

Y encima «estos políticos que tenemos, y que sufrimos, convierten en letra muerta y políticamente inservible la labor brillante y valiente de tantos organismos internacionales que no han tenido ningún miedo a  enfrentarse a España — que no sienten ese miedo irracional que, claramente, nuestros dirigentes sí tienen.»

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