La falta de decoro en este cada día más desangelado corral soleado parece no tener límite. Las reacciones a la sentencia del Tribunal Supremo que confirmaba la condena a Griñán y otros miembros de la Junta de Andalucía dictada por la Audiencia de Sevilla por el caso de los ERE, el mayor caso de malversación y prevaricación continuadas constatado desde 1978 en España y sus Comunidades Autónomas, constituyen una afrenta a cualquier ciudadano que haya pagado impuestos y reafirma la posición de quienes procuran eludirlos. Que los ‘compis’ de partido hayan mostrado su solidaridad y apoyo al bueno de Pepe, presidente del centenario partido entre 2009 y 2012, era algo previsible y hasta comprensible por mero corporativismo. Más asombrosa ha resultado la gran unanimidad de que han hecho gala los profesionales del cuarto poder, incluidos la mayoría de los comentaristas habituales en medios de comunicación poco afines al gobierno, que han coincidido en mostrar su aprecio personal por Griñán y la incomodidad que les provocaba verlo ingresar en prisión.
¿En qué lugar dejan los líderes ‘socialistas’ históricos y actuales que han manifestado públicamente su solidaridad con los condenados por los EREs al socialismo democrático que dicen representar y a la independencia del poder judicial que dicen respetar? ¿Cómo se puede comprender y hasta justificar que un gobierno autonómico destinara cientos de millones durante años y años a un negociado, cuando menos turbio y en bastantes casos fraudulento, y mostrar comprensión hacia el consejero de Economía y el presidente de la Junta que permitieron que el invento se perpetuara sin hacer nada para investigarlo? ¿Cómo se puede siquiera sentir incomodidad al ver que los principales responsables de la trama han sido condenados tras una investigación que se prolongó años, en parte por la propia magnitud y complejidad de la trama, pero en parte por la falta de cooperación de la propia Junta para esclarecerla? ¿Cómo pudo, en fin, el expresidente González afirmar que “volvería a nombrarle ministro” y el presidente Sánchez llegar a decir que en este caso “han pagado justos por pecadores”?
A todos nos gustaría vivir en una sociedad donde la personas, las empresas y las Administraciones Públicas respetaran las leyes
Ver entrar a alguien en prisión resulta siempre doloroso para los familiares y allegados del condenado, aunque muchos de esos mismos ‘compis’ del PSOE que hoy muestran su solidaridad con el bueno de Griñán se han regocijado en otras ocasiones cuando las condenados militaban en otros partidos políticos. A todos nos gustaría vivir en una sociedad donde las personas, las empresas y las Administraciones Públicas respetaran las leyes, los jueces tuvieran bastantes menos casos sobre su mesa pendientes de sentencia y las cárceles estuvieran algo más vacías. Casi nadie quiere ver entrar en prisión a Griñán ni a ninguna otra persona de cualquier rango o condición. Pero tampoco queremos que la Administración Central, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales se gobiernen como cortijos privados donde el partido de turno se salta con reiteración y premeditación todas las normas del derecho administrativo y hace todo lo posible para impedir a los órganos de intervención fiscalizar sus actividades.
No importa que Griñán y algunos de los condenados no se llevaran un solo euro al bolsillo, como sí ocurrió en la trama mafiosa organizada por el clan Pujol en Cataluña, un asunto, por cierto, pendiente todavía de juicio. Lo relevante en este caso es que dinero proveniente de los contribuyentes para el sostenimiento de la Junta de Andalucía se gastó eludiendo los procedimientos y controles debidos, y Griñán y la mayoría de los condenados facilitaron o participaron activamente en la trama de malversación de recursos públicos. Conocer o no al imputado, que tenga un talante afable o desabrido, que nos caiga simpático o antipático son cuestiones completamente irrelevantes al caso juzgado, que uno querría pensar no deberían afectar a la valoración de sus propios compañeros de partido, ni de los periodistas y opinadores profesionales, ni de los ciudadanos en general, sean o no votantes del PSOE. Quienes hoy muestran su apoyo a Griñán tras haber sido condenado lo que nos están diciendo en realidad es que prevaricar y malversar es un modelo aceptable y comprensible de administración de los recursos públicos y no debería estar penalmente castigado.
Dinero proveniente de los contribuyentes para el sostenimiento de la Junta de Andalucía se gastó eludiendo los procedimientos y controles debidos
Griñán sólo podrá eludir su ingreso en un centro penitenciario si el gobierno Sánchez le concede el indulto, algo que los familiares van a solicitar en cuanto se notifique la sentencia a los imputados. Según se ha adelantado en algunos medios de comunicación, los familiares de Griñán argumentan que la sentencia es desproporcionada a tenor de las penas impuestas en otros casos, el daño psicológico sufrido por el afectado durante los diez años que ha durado el proceso y la existencia de dos votos particulares, pendientes todavía de conocer, que eximirían a Griñán del delito de malversación y su ingreso en prisión. A la espera de conocer las razones que puedan exponer estos dos magistrados, me inquietaría como ciudadano y contribuyente que puedan no ver en la administración irregular de 670 millones de euros durante una década un delito reiterado de malversación.
El escenario más plausible es que Griñán ingrese en prisión y el gobierno Sánchez lo indulte a renglón seguido, para distanciar lo más posible el traumático episodio de ver ingresar en prisión a quien fuera ministro de Trabajo (1993-1995), consejero de Economía (2003-2009), presidente de la Junta de Andalucía (2009-2013), y presidente del PSOE (2012-2014), de las elecciones locales y autonómicas y las elecciones generales. Unas elecciones que no pintan nada bien para Sánchez y las interesadas conjunciones planetarias que lo auparon a La Moncloa el 1 de junio de 2018 (Unidos Podemos, ERC, PDECat, PNV, Bildu, Compromís y Nueva Canarias) y que respaldaron su investidura el 7 de enero de 2020 (Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu, Más País, Compromís, Nueva Canarias, BNG y Teruel Existe).
El escenario más plausible es que Griñán entre en prisión y que el gobierno de Pedro Sánchez lo indulte a renglón seguido
No sabemos qué dirán y harán los socios de gobierno y el resto de los partidos políticos que sostienen a Sánchez en el Congreso, aunque lo más probable es que antepongan sus intereses partidistas y de ‘país propio’ a cualquier otra consideración legal o ética. En cuanto al propio partido socialista, el fidelísimo Patxi seguro que está ya preparando un buen fuego en su asador para crear una espesa cortina de humo que oculte tanto la declaración de principios que abre el Código Ético PSOE (2014), a saber, que “el Socialismo Democrático es tanto un proyecto político de transformación social como una actitud ética de la que depende la salud democrática de una sociedad”, como la exigencia recogida en ese Código de que ‘los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos de corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves”. (Subrayado mío.)
Patxi ya nos ha adelantado que lo único que hicieron los buenos de Manolo Chaves y Pepe Griñán y Chaves «fue agilizar unos trámites para que el dinero de los ERE llegara mucho mejor, más fácil y más eficazmente a las empresas y personas que lo necesitaban”, y que “ni sus acérrimos enemigos dicen, porque los hechos están ahí, que se hayan llevado ni un solo euro de dinero público”. Al entender del ex lehendakari vasco, los magistrados que los condenaron y los que han ratificado su condena han condenado a personas honorables que se limitaron a agilizar los trámites administrativos para que el dinero de los ERE llegara “más fácil y más eficazmente” donde tenía que llegar. Si no entiendo mal su posición, el amigo Patxi es partidario de eliminar cualquier fiscalización del gasto público para que el dinero llegue antes a quien lo necesita, y quién mejor que los buenos de Chaves, Griñán y Patxi para decidir quién lo necesita. En esto queda el compromiso cívico y moral del PSOE contra la corrupción.
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