El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos presentados por el PP y Ciudadanos contra la ley y el decreto con los que el Govern ha logrado sortear hasta ahora el cumplimiento de la sentencia del TSJC que le obliga a impartir un mínimo del 25% de las clases en castellano. Ambas normas fueron pactadas por el Govern con el PSC y con En Comú-Podem y contaron con el total rechazo de los partidos de la oposición.
PP y Ciudadanos consideran que tanto como la ley como con el decreto el Govern está vulnerando lo establecido por la Constitución al obviar las referencias al castellano como lengua vehicular del sistema educativo catalán. En este sentido, las dos normativas se refieren al catalán como vehicular y al castellano como lengua curricular, salvaguardando así la inmersión lingüística.
La diputada del PP catalán, Lorena Roldán, ha señalado en un mensaje publicado en Twitter que esta formación hará todo lo posible para que «el sentido común y la libertad vuelvan a Cataluña». En la misma red, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha lamentado que hayan tenido que ser los partidos de la oposición y no el Gobierno los que hayan pedido el auxilio del Constitucional. «No han sido capaces de recurrir algo que ayudaron a fabricar», han indicado desde la entidad.
