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ANÁLISIS / Al Gobierno español no le importa lo que diga el Banco Central Europeo

El único motivo es político: marcar postura en su infantil dialéctica de bueno, el Gobierno, contra malos

El Dictamen constituye un varapalo para el proyectado impuesto, sin paliativos (Pixabay).

EL DICTAMEN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO (BCE)

Este 2 de noviembre el BCE ha hecho público su Dictamen sobre el impuesto especial que el Gobierno proyecta exigir a los bancos en 2023 y 2024, con el argumento de los beneficios extraordinarios que están obteniendo por la subida de los tipos de interés. Es un Dictamen del Consejo de Gobierno del BCE, firmado por la señora Lagarde, que se emite dentro de las competencias consultivas del BCE, a solicitud de las Cortes Generales. Como es obvio, se trata de un Dictamen no vinculante.

Recordamos que este impuesto se exigirá a los bancos españoles que en 2019 hayan facturado más de 800 millones por intereses y comisiones. Lo que se grava no son los beneficios, ni ordinarios ni extraordinarios, sino el margen de intereses y de comisiones (importes cobrados menos importes pagados). El tipo de gravamen es el 4,8%. Se exigirá en 2023 y 2024. Se prohíbe la repercusión a los clientes. Recaudación anual: 1.500 millones.

QUÉ DICE EL DICTAMEN

El Dictamen constituye un varapalo para el proyectado impuesto, sin paliativos. Resumimos su contenido.

1.Según el BCE, es arriesgado afirmar que la subida de tipos de interés implica mayores beneficios para los bancos. En el entorno actual de ralentización de la actividad económica real, inciden factores negativos como el aumento del riesgo de insolvencia de los deudores. A medio plazo puede haber un descenso de beneficios, incluso pérdidas.

2.El impuesto perjudica la capacidad de los Bancos para alcanzar posiciones de capital adecuadas. Esto podría poner en peligro la transmisión fluida de las medidas de política monetaria del BCE.

3.El impuesto puede hacer que los bancos sean menos resilientes a las perturbaciones económicas y, en consecuencia, limitar su capacidad de conceder crédito, empujándoles a ofrecer condiciones menos favorables. Esto afecta negativamente al crecimiento económico real.

4.Antes de aprobar este impuesto es imprescindible realizar un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas para el sector bancario. Debe quedar garantizado que el impuesto no plantea riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de crédito. Debe considerarse cuidadosamente su impacto en la rentabilidad de los bancos y en la generación interna de capital.

5.El margen de intereses y comisiones no es el beneficio. Hay que restar a continuación el resultado de operaciones financieras, los gastos de personal, los gastos generales y las dotaciones por insolvencias. Por eso, tal como está concebido, el impuesto español puede afectar a bancos en pérdidas o con beneficios decrecientes. Eso agravará aún más su situación. 

6.La aplicación del gravamen a unos pocos bancos (los que facturen más de 800 millones) puede falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones, tanto dentro del país como en toda la UE.

7.No se puede prohibir la repercusión del impuesto a los clientes. Conforme a las buenas prácticas internacionales, el BCE espera que los bancos españoles reflejen en sus precios todos los costes pertinentes, incluídos los fiscales. En todo caso, parece difícil diferenciar si el impuesto se traslada o no de forma efectiva a los clientes.

LA REACCIÓN DEL GOBIERNO

El Dictamen es demoledor, pero al Gobierno no le importa. Dicen que ya han realizado el análisis previo y exhaustivo exigido por el BCE. Esto parece dudoso, a la vista de la escasa calidad técnica de la Proposición de Ley redactada por el PSOE y UP. Insisten en que el Dictamen no es vinculante. En consecuencia, piensan seguir adelante. Caiga quien caiga.

Incluso ha habido reacciones de desprecio. Según el ministro Escrivá, “no es la primera vez que el BCE emite un informe de estas características… lo deben tener de copia y pega”. Inaudito.

NUESTROS COMENTARIOS

1.Gracias al BCE podemos sostener nuestra inmensa montaña de deuda (1,49 billones a final de agosto). Y podemos seguir endeudándonos a tipos soportables. El BCE ha comprado cantidades ingentes de deuda española. Posee el 34% de nuestra deuda. Y sigue comprando deuda de España y de los países del sur, recortando a su libre arbitrio la reinversión de los vencimientos en los países del norte. Ante una entidad así, la más elemental prudencia aconseja tomarse muy en serio lo que nos recomienda. 

2.Despreciar las recomendaciones del BCE no es la mejor tarjeta de presentación ante los inversores internacionales (bancos, fondos de inversión, fondos de pensiones, compañías de seguros…) que son los que nos tienen que seguir prestando y a tipos soportables. En estas cosas, España no es soberana, ni mucho menos. Nadie lo es.

3.Los miembros del Gobierno y sus medios afines no se cansan de pregonar los beneficios extraordinarios de los bancos. Hablan de 16.000 millones en los nueves meses de 2022. Pero eso es a nivel mundial. Nadie entra en el detalle del beneficio en España, que es la cuarta parte, y su evolución en los últimos años. Cuando se examina esto, se comprueba que no existen tales beneficios extraordinarios. En 2018 y 2019 hubo en España buenos beneficios. En 2020 la caída fue brutal y en 2021 se registró cierta recuperación. Los beneficios de 2022 en España van a ser muy parecidos a los de 2018 y 2019. Nada extraordinario. 

4.Un aspecto esencial del impuesto es la repercusión a los clientes. El Gobierno hace un brindis al sol cuando prohíbe dicha repercusión. Y lo sabe. El BCE dice dos cosas: la primera, que es obligado repercutir; la segunda, que es imposible saber si se repercute o no. 

5.Los motivos del Gobierno para defender este impuesto no tienen nada que ver con la recaudación (1.500 millones al año no dan ni para pagar las pensiones de tres días), ni con la lucha contra la inflación ni, por supuesto, con los beneficios extraordinarios. Y jurídicamente está lleno de pegas. El único motivo es político: marcar postura en su infantil dialéctica de buenos (el Gobierno PSOE+UP defendiendo a las clases medias trabajadoras) contra malos (bancos, energéticas y ricos, defendidos por el PP). Es populismo para incautos. Muy pocos se lo creen. Lo malo es que actuar así envía desde ya misiles muy perniciosos para la actividad económica real, para la seguridad jurídica y para el crédito internacional del país.

6.En este contexto, aprobar este impuesto parece una temeridad.

Jesús Santidrian
Jesús Santidrian
Inspector de hacienda jubilado

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