El departamento de Educación tendrá que garantizar la enseñanza de un 25% en castellano a dos alumnos de La Canonja, en Tarragona, y Castelldefels, en Barcelona, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de desestimar dos recursos de la Generalitat para evitar el cumplimiento de este derecho. Así lo recoge un auto de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, según el cual se desestima como argumento del Govern la aprobación del decreto ley 6/22 que fija que deben ser los centros los que fijen su proyecto lingüístico, además de mantener el blindaje del catalán. Este decreto, acordado entre el Govern, el PSC y En Comú-Podem, fue la respuesta del Govern a la sentencia del TSJC que obligaba a impartir un mínimo del 25% de las clases en catalán.
El tribunal considera que el Govern no ha utilizado su propio decreto y la ley posterior para evitar la aplicación de este 25%. Así, según recogen algunos medios, considera que en el recurso no ha precisado «el análisis concreto del entorno sociolingüístico» de estos alumnos y que tampoco se concretan «los criterios pedagógicos y las exigencias de normalización del catalán aplicadas con la concreta escuela y curso del afecto, así como resultado material del proyecto lingüístico resultante en lo que se refiere al uso docente de las lenguas».
En el caso del alumno de La Canonja, la familia solicitó la enseñanza en castellano en 2019. Presentó un recurso ante el TSJC ante la decisión de la Generalitat de denegarle la petición, solicitando como medida cautelar que pudiera recibir al menos el 25% de las clases en castellano. En el mismo año, el TSJC admitió esta medida, cuya revocación solicitó la Generalitat el pasado mes de julio. La petición fue desestimada en septiembre y ahora se ha vuelto a rechazar por parte del TSJC. El caso del alumno de Castelldefels fue muy similar. Con estas dos decisiones, son ya 14 las escuelas catalanas que se han visto obligadas a aplicar la sentencia del 25%.
