El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió ayer en Barcelona sus últimos y controvertidas reformas en materia judicial —eliminación de la sedición y rebaja de la malversación— pretenden «sacar el conflicto político catalán de los juzgados» en aras de la convivencia. Sin embargo, una vez más, el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha dejado en evidencia a Sánchez revelando el objetivo de la reforma. Así, después de informar hace unas semanas que, gracias a los pactos de los republicanos con el Ejecutivo, «bajará el precio de volver a intentarlo», Junqueras ha admitido ahora que la reducción del delito de malversación tiene como «objetivo que el 1-O no pueda ser perseguido».
Y es que, en relación al referéndum ilegal de secesión convocado en octubre de 2017, Junqueras ha asegurado que los actores del procés no cometieron «ninguna clase de malversación», por lo que el «objetivo de la reforma es que aquello que se hizo no sea constitutivo de delito y no pueda ser perseguido». Sus palabras no han dejado indiferente al orbe constitucionalista, proliferando las reacciones tras ellas.
Una de las que resume con mayor brevedad la visión de este sector ha sido la del exdirector de El País y columnista de The Objective Antonio Caño, que ha manifestado: «Al menos, Junqueras nos explica las cosas con claridad».
