La entidad Universitaris per la Convivència ha hecho pública este martes una carta abierta al Gobierno del socialista Pedro Sánchez en la que exige que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) consagre la neutralidad ideológica de los claustros universitarios. Más de 1.000 profesores se han adherido al escrito y la asociación espera ahora poder ser recibida por el ministro de Universidades, Joan Subirats.

La LOSU ha sido aprobada recientemente por el Congreso y aún le queda pasar el trámite del Senado. Y es en la Cámara alta donde los promotores de la iniciativa esperan que se pueda llevar a cabo el debate sobre la necesidad de dejar constatada la neutralidad ideológica de los claustros universitarios, ya respaldada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y otra del Supremo.

En el escrito, Universitaris per la Convivència recuerda que el texto legal señala en su artículo 45.2g que una de las funciones de los claustros es la de «analizar y debatir otras temáticas de especial trascendencia«. La ley recoge así parte de las enmiendas presentadas a la misma por ERC y EH Bildu. Enmiendas que, según esta entidad, han sido la respuesta de los socios del PSOE y Unidas Podemos a las sentencias del TSJC y del Tribunal Supremo sobre la neutralidad ideológica de los claustros universitarios. «Las universidades públicas», han recordado los promotores del escrito, «están sometidas al deber constitucional de neutralidad ideológica, que la libertad de expresión es un derecho individual, y que la autonomía universitaria tiene un carácter instrumental, puesto que se constituye exclusivamente como garantía de la libertad de cátedra».

Representación igualitaria

A esto han añadido que «el claustro no es un órgano de representación política, sino académica». Y han aclarado: «Los claustrales, elegidos mediante un sistema de voto ponderado, y muchos de ellos miembros natos en función de los cargos que ocupan, no están legitimados para articular una voluntad política colectiva, so pena de vulnerar el esencial principio democrático de la representación igualitaria, en este caso de todos los miembros de la comunidad académica».

Ante esta nueva ley, Universitaris per la Convivència exige al Gobierno la supresión del artículo 45.2g de la LOSU puesto que «no debe ser función del claustro analizar y debatir (y mucho menos posicionarse) cuestiones de índole no académica». Además, se evitará así que este artículo «pueda ser interpretado de manera que redunde en lesiones de la libertad ideológica, la libertad de expresión y la libertad de cátedra«. Y reclaman también que la LOSU incorpore «una referencia clara  a la neutralidad ideológica de los órganos académicos de gobierno y representación, que no es más que la aplicación a la Universidad del más genérico principio de neutralidad de las administraciones públicas».