La «desjudialización del conflicto» emprendida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para, en sus palabras, «mejorar la convivencia» en Cataluña —aunque, según la oposición, se trate de un contraprestación a sus socios secesionistas para mantenerse en el poder— se queda a medias. Al menos, en lo tocante a Carles Puigdemont. Y es que la situación judicial del expresidente de la Generalitat y líder del govern paralelo Consell per la República ha mejorado sustancialmente pero no se ha despejado por completo. Así lo atestigua la decisión del magistrado del Tribunal Supremo e instructor del procés Pablo Llarena, que lo acaba de liberar de la sedición pero matiene la acusación de malversación.
Llarena argumenta su resolución en que la derogación de la sedición plantea un «contexto cercano a la despenalización» de los hechos investigados, que no se corresponden con los de desórdenes públicos. De la misma forma, el juez ha dejado sin efecto las euroórdenes actuales por sedición. Sin embargo, mantiene la orden de busca y captura nacional por malversación y desobediencia, tanto para él como para los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí. En todos estos casos, el juez argumenta que la «modificación del delito de malversación no afecta a los hechos investigados en el sentido de minorar o eliminar la pena prevista en la tipificación que hoy se deroga».
