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ANÁLISIS / COVID-19: China y Occidente

El gobierno chino debería reconocer que es irracional recurrir sistemáticamente a los confinamientos

Muestra el resultado de un test rápido de detección de anticuerpos IgG e IgM Foto: Europa Press

Se cumplen ahora tres años desde que empezamos a tener noticias a principios de enero de 2020 de que un nuevo tipo de coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) estaba produciendo estragos en la prefectura de Wuhan, provincia de Hubei. Se conocía desde mediados de enero que el virus era más contagioso y letal que otros coronavirus, y se podía anticipar que podía desencadenar una tragedia humanitaria y social de gravísimas proporciones y dejar la economía china seriamente tocada. El gobierno central decidió tomar cartas en el asunto y decretó el confinamiento estricto de la población para evitar la expansión incontrolada de los contagios al resto de provincias, al tiempo que construía apresuradamente nuevas instalaciones hospitalarias en Wuhan para reforzar el desbordado sistema sanitario.

En un plazo relativamente breve, las autoridades chinas lograron contener la expansión de la epidemia e iniciar una desescalada muy medida y controlada, empleando todos los recursos tecnológicos disponibles para localizar con rapidez los nuevos focos y evitar subsiguientes oleadas A comienzos de abril, la crisis sanitaria podía darse por controlada y la economía iniciaba una recuperación sostenida. En efecto, tras la fuerte contracción del PIB registrada entre enero y marzo, 6,4 %, el segundo trimestre registró ya un crecimiento de 3,2 % y el año de la pandemia terminó con un envidiable crecimiento de 2,2%. A la luz de las cifras disponibles, cabe decir que la decidida estrategia seguida por las autoridades chinas para contener la epidemia redujo la mortalidad y aceleró la recuperación económica.

Inacción y alto coste económico

Contrasta la actitud de las autoridades chinas con la pasividad mostrada por la mayoría de los gobiernos de los países occidentales desarrollados durante los meses de enero y o de 2020febrero y algunos hasta bien entrado marzo. Pese a las repetidas advertencias y recomendaciones de la OMS de prevenir a la población y adoptar medidas para poner a punto los sistemas hospitalarios ante la previsible irrupción de un virus altamente contagioso y letal, los gobiernos optaron por esperar tranquilamente su llegada sin poner en marcha medida alguna para frenar la expansión incontrolada de contagios. El virus llegó y cuando empezó a producir estragos, esos gobiernos indolentes se vieron compelidos a improvisar medidas de confinamiento más o menos estrictas cuando ya era demasiado tarde para mitigar la crisis humanitaria y amortiguar la recesión económica.

Pese a la heroicidad del personal sanitario que hubo de enfrentarse al virus a pecho descubierto, pagando un alto coste por hacerlo, no pudo evitarse que la mortalidad en la primera oleada fuera muy elevada, especialmente entre los colectivos de mayor edad. El Gobierno de España, por ejemplo, no solo no adoptó medida alguna para prevenir la irrupción del virus, sino que se dedicó a tranquilizar a los ciudadanos hasta que declaró el estado de alarma el 14 de marzo de 2020. Dos semanas después, el exceso de mortalidad rozaba la cifra de 13.000 personas en la semana del 30 de marzo al 5 de abril, y el acumulado en las nueve semanas comprendidas entre el 9 de marzo y el 10 de mayo superó 50.000 personas. El PIB de la economía española cayó 4,67 % en el primer trimestre, 21,94 % en el segundo y 11,33 % en el conjunto del año.

En varios artículos escritos a lo largo de 2020 y 2021 mantuve algunas tesis en las que me reafirmo ahora. Primera, la imposición de un severo confinamiento y una ordenada desescalada evitó que China padeciera una catástrofe humanitaria de enormes proporciones y posibilitó una pronta recuperación económica. Segunda, la ausencia de medidas preventivas en los países occidentales agravó la letalidad registrada en la primera oleada, como atestigua que los excesos de mortalidad en las posteriores oleadas en 2020 y los primeros meses de 2021 fueran muy inferiores al de la primera, pese a no contar todavía con vacunas para mitigarla. Tercera, de haber adoptado los gobiernos occidentales medidas para prevenir la irrupción del virus y gestionado con más eficacia la desescalada tras el primer confinamiento, se podrían haber salvado centenares de miles de vidas y acortado la intensidad y duración de la recesión pandémica en los países occidentales. 

Algunos se dirán que los métodos autoritarios empleados en China no podían utilizarse en nuestras democracias, a lo que cabe responder que los españoles, por ejemplo, estuvimos también confinados en nuestros domicilios entre mediados de marzo y mayo, y sujetos posteriormente a regulaciones intermitentes que limitaban la movilidad y el desarrollo de actividades económicas hasta bien entrado 2021. Pero esas medidas impuestas por las autoridades españolas para frenar los contagios y evitar el desbordamiento de los sistemas hospitalarios no impidieron que se produjeran nuevas oleadas de contagios y la recesión económica se prolongara varios trimestres más. Como ya he indicado, España acabó 2020 con una caída del PIB de 11,33 %, lo que significa que la suma de las rentas salariales y no salariales e impuestos que gravan los productos en 2020 fue 127.534 millones inferior a la de 2019, un coste altísimo al que habría que añadir una buena parte de los 122.430,2 millones en que aumentó de la deuda pública en 2020.

Occidente contraataca

Quisiera aclarar que no tengo la menor simpatía por la férrea dictadura que ejerce el Partido Comunista de China (PCCh), ni confío en la transparencia informativa de las autoridades chinas. En cuanto al tema que nos ocupa, los efectos de la pandemia, resulta evidente que las cifras oficiales de casos totales y muertes causadas por el Covid-19 infravaloran groseramente la magnitud de lo acaecido -aunque la infravaloración de casos y muertes no puede decirse que sea algo se solo ha producido en China-; y tampoco puede uno tener gran confianza en las estadísticas económicas de la Oficina Nacional de Estadísticas de China, si bien todo el mundo las utiliza sin cuestionarlas. Dicho esto, las estimaciones alternativas disponibles no permiten concluir que esas infravaloraciones de casos y muertes tengan la suficiente entidad para socavar la conclusión de que China contuvo con eficacia la propagación del virus en 2020, ni tampoco que logró relanzar su economía en un tiempo récord, mucho más breve en todo caso que el requerido por la mayoría de las economías occidentales.

Desde hace algunos meses, algunos medios de comunicación occidentales con gran proyección y prestigio internacional como la BBC y The Economist están aireando el fracaso de la política Covid-cero, mantenida sin aparentes fisuras por las autoridades chinas hasta la celebración del XX Congreso Nacional del Partido Comunista Chino en Pekín entre el 16 y el 22 de octubre de 2022. El mantenimiento de las estrictas medidas de confinamiento en 2022 levantó oleadas de protestas en varias provincias de la República y las autoridades empezaron a suavizarlas pocas semanas después de finalizar el XX Congreso del PCCh. Contando con medios de protección individuales y vacunas, constituía un desafío a la lógica sanitaria y económica recluir a los infectados en instalaciones estatales e imponer confinamientos tan estrictos a bloques e incluso ciudades enteras durante semanas. Que los ciudadanos chinos se atrevieran a desafiar a las autoridades en las calles de las ciudades fue todo un síntoma de que el PCCh había llevado demasiado lejos el ejercicio de su autoridad. 

La suavización de las medidas ha provocado un aumento muy significativo en el número de casos por Covid-19 reconocidos oficialmente y un goteo de muertes que muy probablemente infravalora en un múltiplo la cifra real de fallecidos. En todo caso, el número de nuevos casos que era 5.046 el 6 de diciembre de 2022 alcanzó 14.171 el 9 de enero de 2023, una cifra superior incluso al pico de 14.109 casos el 12 de febrero de 2020, en el momento álgido de la primera oleada, y el número acumulado de fallecidos pasó de 5.226 el 1 de septiembre de 2022 a 5.272 el 18 de enero de 2023, registra un aumento irrisorio. En un artículo reciente, The Economist recoge la información de la empresa Airfinity que da como probable que en torno a 9.000 personas estén falleciendo diariamente. Con independencia de la fiabilidad que merezcan las cifras oficiales, muy poca me atrevo a decir, y la cifra estimada por Airfinity, resulta indudable que China está padeciendo una oleada importante de casos y fallecimientos, y las autoridades están obligadas a mejorar los sistemas de protección (vacunación y tratamientos médicos) de la población para enfrentarse a la epidemia sin recurrir a confinamientos estrictos en los próximos meses.

Reconocer los errores que han cometido las autoridades chinas en 2022 al persistir en imponer su política de Covid-cero sin atender a sus consecuencias sociales y económicas, cuando tenían a su disposición otros medios para amortiguar los efectos de la enfermedad, no echa por tierra el gran éxito cosechado en 2020 cuando se enfrentaron por primera vez a un nuevo virus altamente contagioso y letal y no contaban con ningún otro medio para combatirlo. Las autoridades chinas siguieron el curso de acción más acertado en aquellas circunstancias y los gobiernos de las economías desarrolladas harían bien en extraer algunas lecciones de lo ocurrido entonces para afrontar con más garantías la próxima pandemia, sin olvidarse de que los remedios podrían tardar más tiempo en llegar y las consecuencias humanitarias, sociales y económicas resultar incluso más graves que en 2020. Y el gobierno chino, por su parte, debería reconocer que es irracional recurrir sistemáticamente a los confinamientos para combatir la enfermedad, cuando ya existen otros remedios de probada eficacia para mitigar sus efectos, y asumir que los altos costes sociales y económicos de los confinamientos son algo que ninguna sociedad puede soportar durante mucho tiempo, ni siquiera una sociedad amordazada y disciplinada.

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