A partir de este miércoles y durante seis meses, nadie podrá acceder al transporte público de Cataluña portando un patinete eléctrico. La prohibición la ha acordado el consejo de administración de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) tras explotar un patinete de estas características en un vagón de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) el pasado mes de noviembre. Por este motivo, la ATM instó «a las administraciones titulares de los servicios y a los operadores de transporte público a la modificación de las condiciones generales de utilización de sus servicios de manera que incluyan esta medida temporal».
La restricción se aplicará a todos los transportes públicos de la Generalitat, del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y de las ATM de Tarragona, Lleida y Girona. La medida, no obstante, no se aplicará ni en el transporte escolar ni en los servicios discrecionales. En cuanto a los sistemas municipales, deberán ser los ayuntamientos los que decidan si aplican o no esta prohibición.
Seguridad preventiva
El objetivo de esta medida, según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado, es «que prevalezca el principio de seguridad preventiva que rige para los operadores en cuanto a la protección de las personas usuarias, del personal que trabaja al servicio del transporte público y de sus instalaciones». Entre los principales riesgos detectados, se encuentran los de «explosión e inflamabilidad» de este tipo de dispositivos, por sobrecarga o por «defecto de la batería». Además, se pueden dar situaciones de peligro por «golpes o contacto con el agua» dado que «las baterías de los patinetes y monociclos están más expuestas a causa de su posición especialmente desprotegida». Y a esto se suma que estas baterías pueden ser vulnerables por su manipulación o «alteración».
La explosión de estos dispositivos puede producir humo de «alta toxicidad» y sus llamas pueden expandirse rápidamente. Por ello, ahora se preparará una normativa que permita regular el acceso de los mismos al transporte público catalán. Esta regulación se llevará a cabo a lo largo de los seis próximos meses y su objetivo será «minimizar» los riesgos que pueden suponer estos vehículos de movilidad personal en el interior del transporte público.
