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OPINIÓN | Multar al cliente, hipócrita solución

Un cliente, pagando a una prostituta.

El programa del PSOE para las elecciones municipales ha incluido un punto que asumirán las diferentes candidaturas socialistas, que será, dentro del objetivo de erradicar la prostitución, calificada como una de las «manifestaciones más extremas de la violencia de género», consistente en multar a los clientes de la prostitución a través de ordenanzas municipales. Si desaparecen los clientes se acabará con esa forma de violencia hacia las mujeres. La simplona idea va acompañada de otra: notificar la sanción por correo administrativo al domicilio del sancionado, con el tácito propósito de que se entere su familia, vía que ya puso en práctica la ministra Raquel Sánchez cuando era alcaldesa de Gavà.

La idea no es nueva en el PSOE, pues ha intentado introducirla a través de otras leyes, especialmente la Proposición de Ley Orgánica para prohibir el proxenetismo en todas sus formas (presentada por el Grupo Parlamentario Socialista 27 de mayo de 2022 y que sigue en lenta tramitación)) cuyo artículo 187 ter. 1, prevé castigar con multa el hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico, con una agravación para el caso de que la persona con la que se conviene es menor de edad o persona en situación de vulnerabilidad, y en ningún caso será sancionada la persona que esté en situación de prostitución.

El tema está también presente, aunque con sentido muy diferente, en diversas regulaciones en las que lo que prima no es la lucha contra la existencia de la prostitución, sino la preservación de un «ambiente urbano digno», que el comercio sexual degrada, así como la necesidad de evitar malos ejemplos. En esa línea tenemos la Ley de Seguridad Ciudadana, que considera Infracción graves (art.36-11) la solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores…o cuando estas conductas, por el lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial (prostitución en las carreteras).

Diferentes Ayuntamientos, en uso de sus competencias sobre el uso del espacio público, han dictado reglamentos orientados a prohibir la actividad de personas prostituidas y clientes, pero en muchos casos se sanciona también a las prostitutas, razón por la cual algún Ayuntamiento, como el de Barcelona, renunció a aplicar la Ordenanza municipal de 2005, modificada en 2012, que prohibía esa actividad porque suponía persecución y multa a las prostitutas. Otros Ayuntamientos, en cambio, mantienen un régimen de sanciones tanto a las prostitutas como a los clientes. No añado una relación de cuáles son los Ayuntamientos que sancionan a prostitutas y clientes porque es una información que puede encontrarse fácilmente, y que, además, se aleja del tema apuntado al inicio: la persecución del cliente como eficaz modo de alcanzar la abolición de la prostitución.

Es interesante constatar que la multa al cliente como instrumento imprescindible en la lucha por abolir la prostitución se ha transformado en una idea constante en el PSOE o, si se prefiere, en parte del sector feminista del PSOE. Poco antes de tratar de lo que se ha de incluir en los programas de las próximas elecciones municipales, los socios del Gobierno valenciano (PSOE y Compromís) ya habían topado a causa del mismo tema, pues Compromís se opuso al propósito de modificar diversas leyes para prohibir el consumo de prostitución, y lo hizo con un argumento nada desdeñable: el problema de la prostitución, sus causas, la variabilidad de las situaciones, es demasiado complejo como para pretender resolverlo con remedios tan simplistas que, de entrada, perjudican aun más a quienes se dice que se quiere ayudar.

«El castigo de los clientes es una constante en la política del PSOE sobre la prostitución, sin que sus representantes acepten que esa medida tras su aparente sencillez y supuesta eficacia tropieza importantes obstáculos jurídicos que sus promotores no reconocen o no quieren entrar en ellos»

Efectivamente, el castigo de los clientes es una constante en la política del PSOE sobre la prostitución, sin que sus representantes acepten que esa medida tras su aparente sencillez y supuesta eficacia tropieza importantes obstáculos jurídicos que sus promotores no reconocen o no quieren entrar en ellos. En primer lugar, y por encima de todo, lo primero que se debería hacer es abrir un debate sereno y serio sobre el problema de la prostitución o, empleando otras palabras, el trabajo sexual. No cabe duda de que en la práctica de esa actividad se ven inmersas muchas personas contra su voluntad y en régimen de explotación, y contra esa terrible realidad se han de emplear todos los recursos del Estado, incluyendo al derecho penal.

La conclusión de ese debate sobre la prostitución necesariamente tendría que incluir la aceptación de que también hay un porcentaje de personas que han elegido libremente el trabajo sexual y que merecen ser respetadas y protegidas, en lugar de ser arrinconadas y perseguidas directa o indirectamente. Frente a tan simple conclusión se alza, como no, el pseudo progresismo que niega esa realidad por sí y ante sí, e impone la idea de que toda persona prostituida lo está contra su voluntad, porque a nadie le puede apetecer un trabajo como ese, cosa que esos mismos progres afirman despreciando, ante todo, la comprobación de que hay personas que por las razones que sea, normalmente económicas,  prefieren ese trabajo a otros, así como la opinión y las reivindicaciones de los colectivos de personas dedicadas al trabajo sexual.

La idea de multar al cliente implica, entre otras cosas, la negación de que una persona esté realizando trabajo sexual libremente, pues la multa al cliente implica una imposición: que el pacto sobre servicios sexuales nunca puede ser respetado porque es radicalmente nulo. Y eso es inaceptable.

Por su parte, el cliente normalmente es un sujeto  que cree participa en una relación libre de presiones, o no se plantea el periplo que ha llevado a la otra persona a acceder a mantener una relación por precio, cuestiones que le son ajenas. Frente a esa simple realidad se alza el frecuente juicio moral sobre el cliente como representante de los peores vicios del sexo masculino, por lo que ha de ser castigado respondiendo personalmente de todos los abusos que se cometen  sobre mujeres forzadas a la explotación sexual. Esa es una especie de perspectiva de género aplicada al varón/cliente, pero no es una argumentación jurídica apta para justificar las multas.

En otro orden de consideraciones, las multas a los clientes son, además, un modo de reprimir que solo alcanza a un muy limitado número de relaciones sexuales bajo precio: las que se pactan a la posible vista de cualquiera, con lo cual los usuarios de servicios sexuales que se prestan más discretamente no se verían afectados por la sanción, que, una vez más, golpearía a la franja más pobre de usuarios y de prostitutas.

Y en cuanto a la «brillante» idea de enviar al domicilio del cliente por correo administrativo la imposición de la sanción pueden decirse algunas cosas. La primera, que puede afectar a quien vive con pareja o familia, pero no a los que no están en esas circunstancias. La idea persigue recuperar, en alguna medida, la pena medieval de  exposición a la vergüenza pública, lo cual es, simplemente, atávico y da por supuesto que el putero pierde el derecho fundamental a la intimidad. Pero, además de eso, olvida que los castigos son personalísimos, y, lo crean o no las ideólogas de la materia, esa clase de información sobre el comportamiento del marido, compañero, padre o hijo puede causarles un daño moral severo, que no tienen por qué soportar, y utilizar esa dimensión de la sanción es, solo por eso, inadmisible.

En suma, nada en esta materia puede hacerse sin la previa condición de tratar con claridad del tema de la prostitución y el trabajo sexual, sin apriorismos supuestamente progresistas que esconden lo que es en realidad un desentendimiento del problema.

Gonzalo Quintero
Gonzalo Quintero
Catedrático de Derecho Penal y Abogado

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