La Generalitat y entidades secesionistas como Plataforma per la Llengua y Òmnium Cultural denuncian desde hace años que España es un «Estado represor» desde el punto de vista lingüístico. Ello, a pesar de que en la actualidad y desde hace décadas el relegado a un segundo término en la Educación y Administración catalanas . Asimismo, en el Parlament y distintos Ayuntamientos, no solo se permite expresarse en catalán, sino que los secesionistas suelen pronunciarse contra los políticos que se expresan en castellano —situación que no ocurre a la inversa—.
Sin embargo, la política lingüística española choca frontalmente con la de un país vecino como Francia. Allí, el Tribunal Administrativo de Montepellier ha anulado el cambio de reglamento de los ayuntamientos de Elna, Els Banys, Tarerac, Portvendres y Sant Andreu de Sureda (Cataluña Norte) que permitían hablar en catalán y luego traducirlo al francés. El tribunal recuerda que el francés es la lengua del Estado y que, en todo caso, existe la posibilidad de traducir lo expresado en esta lengua al catalán con posterioridad
