El Tribunal de Cuentas juzgará a los líderes del procés y altos cargos de la Generalitat a partir del próximo 17 de noviembre. El juicio responde a la demanda interpuesta por Sociedad Civil Catalana en febrero del año pasado y en la que se acusaba a los separatistas de haber malversado 5,3 millones de euros para la organización y celebración del referéndum ilegal de octubre de 2017. La entidad constitucionalista, además, les acusa de haber usado locales públicos para la consulta ilegal y de costear diversos gastos del referéndum con el dinero de los ciudadanos.
En su demanda, Sociedad Civil Catalana reclama que Carles Puigdemont, fugado de la Justicia desde noviembre de 2017, pague 3,3 millones de euros, mientras que al ex vicepresidente del Govern Oriol Junqueras le pide 2,5 millones. Otros de los denunciados por SCC son Artur Mas (1,8 millones), Raül Romeva (617.000 euros), Dolors Bassa (1,3 millones), Francesc Homs (1,9 millones), Toni Comín (1,1 millones), Clara Ponsatí (900.000 euros), Jordi Turull (505.000 euros), Neus Munté (338.000 euros) y Lluis Puig (238.000 euros).
En el momento de presentar la demanda ante el Tribunal de Cuentas, SCC explicó que el objetivo de la misma era «defender a los millones de ciudadanos que pagan sus impuestos y cumplen las leyes». «Durante años», explicó la entonces vicepresidenta de Acción Territorial y Judicial y ahora presidenta de SCC, Elda Mata, «el gobierno catalán ha destinado millones de euros a acciones ilegales para las que no tenía competencia ni legitimidad. Pero se ha acabado el tiempo de la impunidad. A cada actividad ilegal responderemos con una acción judicial».
