La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a cinco años de inhabilitación para empleo o cargo público y a seis meses de prisión, pena sustituida por multa de 2.880 euros, al exsubdelegado del Gobierno de Cataluña, Eduard Planells, por firmar expedientes de extranjería ilegales de personas vinculadas con la mafia georgiana y, además, por aleccionar a funcionarios subordinados para que los tramitaran de manera favorable y preferente. Planells ocupó este cargo entre 2004 y 2007.
El tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por Planells contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que dictó la citada condena contra él por un delito continuado de prevaricación y otro delito continuado de tráfico de influencias. También fue condenado por esos mismos delitos el acusado M.T. a 2 años de inhabilitación para empleo o cargo público y a 4 meses y 15 días de prisión, pena sustituida por multa de 4.050 euros. Este último, que también fue condenado en otra causa por su relación con la organización criminal de origen georgiano Kutaiskaya, no presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo, según ha informado el Tribunal Supremo en un comunicado.
Responsable de Extranjería
Antes de ser nombrado subdelegado, Planells ocupó el cargo de Coordinador de Servicios Periféricos en la Oficina de Extranjería, entregó en 2001 al otro condenado, M.T., un documento firmado por él, para exhibirlo ante las distintas autoridades a las que se pudiera dirigir, en el que se decía que éste último actuaba en nombre de la ONG OPAC y que, de un primer análisis de las solicitudes, se deducía que respondían a una necesidad real de trabajo por parte de empresas legalmente constituidas y que venía actuando con normalidad.
Según la sentencia, ha quedado acreditado que Planells dio el visto bueno a solicitudes de permisos de residencia realizadas por OPAC y que, además, existió trato de favor hasta en cinco expedientes relacionados con empresas o personas vinculadas con el otro condenado, bien porque él mismo adoptó resoluciones a sabiendas de su ilegalidad o bien porque influyó en los funcionarios encargados de los expedientes. Del mismo modo actuó con los expedientes relativos a otra persona con la que compartía vínculos societarios en dos empresas.
