La situación creada por la decisión del PNV de negarse a apoyar la investidura de Feijóo y el escaño adicional logrado por el PP a costa del PSOE tras el recuento del voto en el extranjero deja la conformación del nuevo gobierno de España en manos de los 7 escaños logrados por JuntsxCat, el partido liderado por el prófugo Puigdemont, y del único diputado con que cuenta Coalición Canaria (CCa). Sánchez podría contar con el voto favorable de 102 diputados del PSOE, 19 del PSC, 31 de Sumar-En Comú Guanyem, y los 19 diputados de cuatros partidos: ERC (7), EH-Bildu (6), PNV (5) y BNG (1), que abogan por la independencia de sus respectivas CC. AA., 171 en total. Por su parte, Feijóo podría contar en el mejor de los casos con los votos de los 137 diputados del PP, y muy posiblemente con los escaños de UPN (1) y Vox (33), que dan un total de 171 también. Con estas cifras tan equilibradas, el futuro gobierno está en manos de las decisiones que adopten Puigdemont en Waterloo y CCa en las Islas Afortunadas.
Aunque Puidgemont manifestó que la única diferencia entre el PSOE y el PP estriba en que el primero amputa con anestesia y el segundo sin anestesia, no resulta aventurado suponer que JuntsxCat votaría en contra de la investidura de Feijóo en caso de que el ganador de las elecciones celebradas el 12-J tuviera ocasión de presentarse a la investidura. Nadie sabe en que quedará el compromiso verbal de Puigdemont de que «Pedro Sánchez no será primer ministro con los votos de Junts… [porque] Pedro Sánchez miente, miente e incumple». Pronto sabremos si Puigdemont miente o incumple también. En todo caso, si Puigdemont se mantuviera firme y JuntsxCat acabara absteniéndose, Sánchez solo lograría ser investido en segunda votación de contar con el el respaldo del diputado de CCa que rompería el empate entre los dos bloques. De no ser así, podríamos ir a nuevas elecciones en otoño, un escenario que a Sánchez podría incluso beneficiarle.
La negativa del PNV a apoyar al PP ha dejado a Feijóo casi sin opciones de convertirse en presidente del gobierno, en tanto que su apoyo a Sánchez va a resultar clave para que este acabe convirtiendo un nuevo fracaso en las urnas en otra victoria parlamentaria. Llegó a La Moncloa con el respaldo de 88 diputados del PSOE-PSC frente a los 122 de Rajoy y podría volver a serlo con 121 diputados frente a los 137 de Feijóo. A los constitucionalistas solo nos cabe ya seguir atentos a las negociaciones vergonzantes que Sánchez mantendrá desde su débil posición con cada uno de los partidos independentistas cuyo apoyo necesita, para vigilar las nuevas concesiones de carácter institucional, político, social y económico que está dispuesto a hacer a sus avalistas para echar a andar la nueva legislatura, y denunciarlas cuando atenten contra la ya maltrecha igualdad en derechos y deberes de todos los ciudadanos españoles.
Por pedir que no quede
Pese a la notable pérdida de 411.976 votos y 6 escaños el 23-J, ERC ha dejado claro desde el principio su disposición a “frenar el bloque reaccionario”, enseñando, eso sí, los afilados colmillos, al poner sobre la mesa de negociación bilateral dos exigencias de máximos: amnistía para todos los condenados y prófugos que protagonizaron el fallido golpe de estado que culminó con la proclamación de la república catalana el 27 de octubre de 2017 (27-O), y avanzar en la negociación para «decidir nuestro futuro libremente en un referéndum» de autodeterminación. Digo máximos porque incluso el ideólogo del sanchismo -el maduro expresidente que anda por ahí predicando a la prole socialista de nuevo cuño que el infinito es el infinito e «ideología viene de idea lógica y en política no hay ideas lógicas»– ha reconocido que «el referéndum de autodeterminación no cabe en la Constitución. Es una discusión estéril. Habrá que dialogar». Dialogar, ¿sobre qué?
En la pasada legislatura, Sánchez indultó a algunos de los cabecillas del fallido golpe de Estado (Junqueras, Turull, Rull, Cuixart, Sánchez, etc.) que habían sido juzgados y condenados por sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia, y lo hizo a pesar de que el Tribunal Supremo que los había juzgado había “informado negativamente a la concesión de cualquier forma de indulto –total o parcial- a los 12 condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y de desobediencia al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificarían la concesión de la medida de gracia”.
No contento con ello, Sánchez procedió a instancias de ERC a eliminar en diciembre de 2022 el delito de sedición y rebajó las penas por malversación en el Código Penal para contentar a uno de sus dos ‘socios prioritarios’ en el Congreso. Los líderes de ERC se han jactado públicamente de ello en numerosas ocasiones y el propio Junqueras ha manifestado que allana el camino para intentarlo de nuevo porque «organizar un referéndum [ya] no está en el Código Penal». Porque si algo tienen claro los republicanos es que, con independencia de las concesiones que puedan extraer ahora de un Sánchez necesitado de su apoyo en el Congreso para seguir en La Moncloa, volverán a intentarlo en cuanto recuperen el resuello, restallen al menos en apariencia la muy quebrantada unidad de acción entre ERC y JuntsxCat, y cuenten con algo más de respaldo electoral del logrado el 23-J.
¿Qué podemos sacarle a Sánchez ahora?
¿Cuáles son los temas que bullen bajo el cráneo privilegiado del expresidente Zapatero cuando urge a dialogar con ERC y Junts? Si uno levanta la falda de la mesa bilateral de diálogo entre los gobiernos de España y de la Generalidad de Cataluña allí encontrará dos asuntos más prosaicos sobre los que ERC está dispuesta a hablar para echar a andar la legislatura: acabar con el supuesto déficit fiscal de Cataluña y el traspaso de la red de cercanías con «las inversiones que correspondan para tener un servicio de primera». En relación con el traspaso de la red de cercanías, cabe decir que, además de complicar la gestión de la red ferroviaria en España, semejante decisión dejaría en manos del gobierno de la Generalidad una infraestructura vital que podría utilizar en caso de que las instituciones catalanas volvieran a proclamar la república catalana.
El supuesto déficit fiscal de Cataluña fue caballo de batalla entre las dos administraciones hasta la consulta independentista organizada por el presidente Mas en noviembre de 2014, si bien el asunto quedó aparcado cuando los partidos independentistas tras la investidura de Puigdemont en enero de 2016 dieron prioridad a la construcción de ‘estructuras de estado’ y a la elaboración de la Ley 19/2017, 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación y la Ley 20/2017. de 8 de septiembre de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, antes de proclamar la república catalana en el Parlamento de Cataluña el 27-O.
El gobierno de la Generalidad presidido por Aragonés vuelve ahora a agitar los supuestos «gravios económicos y fiscales del Estado español contra Cataluña» para lograr que se le condone la deuda contraída con el Estado desde 2012 y se establezca un concierto similar al que gozan El País Vasco y Navarra, de modo que el gobierno de la Generalidad pase a controlar todos los impuestos recaudados en Cataluña en el futuro, lo que supondría la quiebra de la unidad del sistema fiscal español ya muy debilitado por el cupo vasco y el concierto navarro.
El asunto no es cosa menor. Desde 2012 hasta 2023, la Generalidad ha recibido 131.073,3 millones en ayudas del Fondo de Liquidez Autonómica creado por Montoro para afrontar la Gran Recesión (2008-2009) y la subsiguiente crisis fiscal y financiera (2009-2012), lo que supone 35,39 % de la cuantía total recibida por todas la CC. AA. de régimen común, porcentaje que casi duplica la participación de Cataluña en el PIB (19,0 % en 2022) y en la población de España (16,38 % el 1 de enero de 2023). Como estas cifras ponen de manifiesto, los gobiernos de la Generalidad recurrieron año tras año a las ubres del Estado al que acusan de antidemocrático, autoritario y represivo de forma sistemática y recurrente, y lo hicieron en mayor medida que el resto de CC. AA. para cubrir déficits más elevados y vencimientos de la deuda de la Generalidad imposibles de refinanciar al estar calificada como bono basura hasta 2022. La deuda total ascendía a 85.456,16 millones el 31 de marzo de 2023 de los que 76.852 se adeudaban al Tesoro del Reino de España.
Algunos ya sospechábamos que el gobierno de la Generalidad no tenía intención de pagar la deuda contraída y la jugada maestra de los independentistas de ERC es exigir su condonación a cuenta del supuesto déficit fiscal que padece Cataluña. Montero, la ministra de Hacienda y Función Pública ya ha manifestado la disposición del Gobierno a “condonar deuda a Cataluña y a otras CCAA” y reformar el sistema de financiación autonómica. Las imprudentes palabras de la ministra hicieron saltar las alarmas y los presidentes autonómicos han rechazado la instrumentación de la financiación autonómica para lograr el apoyo de ERC a la investidura de Sánchez. En el ámbito meramente institucional, Montero y Bolaños, los ministros negociadores de Sánchez, se han mostrado dispuestos a que ERC y JuntsxCat cuenten con grupo propio, cediéndoles posiblemente un buen número de diputados del PSC para completar grupo en el Congreso. Otra infamia.
Ante semejantes exigencias y chantajes de los partidos independentistas y las consiguientes concesiones de las actuales cúpulas del PSOE y el PSC para mantenerse en el poder a toda costa, sólo nos cabe a los ciudadanos seguir denunciándolas cuando consideramos que bordean la legalidad constitucional, cuando atentan contra la igualdad en derechos y deberes, cuando desvirtúan el sistema de financiación autonómica introduciendo asimetrías injustificables entre CC. AA., o cuando alteran artificiosamente los resultados de las urnas para otorgar a los partidos independentistas mayor presencia, funciones y recursos en Las Cortes de las que les corresponden. Desafortunadamente para los españoles, la virtud de no dar brilla por su ausencia en quienes están hoy al frente del gobierno de España.
