Entre los pactos alcanzados por el socialista Pedro Sánchez y Junts y ERC destaca el relativo a la protección del catalán. Un acuerdo que contempla que esta lengua sea reconocida como oficial en el seno de la Unión Europea. Dado que el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha puesto como condición para llegar a acuerdos la necesidad de que haya hechos antes que palabras, el socialismo ya ha solicitado a la UE que modifique su Reglamento Lingüístico con el fin de asegurarse el apoyo de los posconvergentes para la investidura de Sánchez.
En un escrito firmado por el aún ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el Gobierno en funciones pide a la presidencia del Consejo de la UE, que este semestre recae precisamente en España, que lo incluya como uno de los puntos del orden del día del Consejo de Asuntos Generales que se celebrará el próximo 19 de septiembre. Una petición que, sin embargo, podría ser ilegal, según ha denunciado el catedrático de Derecho Internacional Privado Rafael Arenas. Y es que el Gobierno está ahora mismo en funciones y, según establece el artículo 21.3 de la Ley 50/1997, cuando el Ejecutivo está en funciones no puede tramitar este tipo de asuntos políticos y debe mantener únicamente la actividad ordinaria hasta la investidura.
Uso ilegítimo de las instituciones
«El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez», ha explicado el catedrático en un mensaje publicado en sus redes sociales, «no puede adoptar iniciativas de contenido político precisamente porque su legitimidad (política) cesó con la celebración de las elecciones». En opinión de Arenas, la petición formulada por el Gobierno al Consejo de la UE «no es gestión ordinaria de asuntos ni cuestión de trámite». Y ha añadido que este gesto de los socialistas «supone una utilización ilegítima de las instituciones en las negociaciones que ahora mismo están desarrollándose para formar gobierno».
El Gobierno en funciones solicita, con fecha de hoy, la modificación del Reglamento lingüístico de la UE.
Es -a mi juicio- una violación flagrante del art. 21 de la Ley del gobierno, que podría viciar el proceso de modificación del Reglamento también desde la perspectiva de la UE pic.twitter.com/lz7D6ajVWj— Rafael Arenas García (@Rafaelarenasgar) August 17, 2023
