Tras hacerse públicas las exigencias de máximos del prófugo Carles Puigdemont para respaldar la investidura de Pedro Sánchez —la amnistía sería exclusivamente una condición previa para sentarse a negociar—, las reacciones no se han hecho esperar. Y mientras el Gobierno ha celebrado la «voluntad de Junts de optar por la vía del diálogo», entidades constitucionalistas como Impulso Ciudadano han arremetido duramente contras la demandas del líder neoconvergente por considerarlas «inadmisibles desde una perspectiva constitucional y democrática».
En un comunicado, Impulso Ciudadano ha remarcado la importancia a de la reagrupación de «los que se digan constitucionalistas» y ha recordado que «la impunidad selectiva no tiene nada de progresista». Asimismo, ha explicado que el «reproche político y moral a la actuación de los independentistas en 2017 no debería tener matices» y que la actuación de Puigdemont a la sazón fue de una «profunda deslealtad» y «una vulneración» de los derechos de todos. Finalmente, reivindican los valores constitucionales frente a los disgregadores: «Es el momento de la defensa de nuestro marco de convivencia, de los intereses generales de España y de los españoles y de nuestro proyecto político común.
