La manifestación celebrada el pasado día 11 de septiembre para conmemorar la última derrota en 1714 de la facción de catalanes que habían tomado partido por el Archiduque Carlos -quien tras acceder a la corona imperial de los Habsburgos los había abandonado a su suerte- y los partidarios de Felipe V -a quien había nombrado precisamente sucesor a la Corona Carlos II, el último monarca de la dinastía de los Habsburgos en España-, dejó patente la feroz lucha que mantienen JuntsxCat y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) por ganarse el favor del menguante voto separatista tras la debacle electoral registrada por ambas formaciones en las elecciones generales celebradas el 23-J. Mantener a Sánchez al frente del gobierno de España es para ambas formaciones su mejor estrategia para mantener el tipo ante el fiero electorado que han alimentado irresponsablemente y mostrarle quien pone el listón más alto para hacer presidente a Sánchez. La ANC ya ha dicho que no le basta y exige un acuerdo similar al de 2015 para alcanzar la independencia y amenaza a Junts y ERC con ir a las próximas elecciones autonómicas con lista propia.
Más allá de las soflamas para consumo público, los dos partidos saben que lo que está en juego no es la constitución de la república catalana, algo que está fuera de su alcance como se pudo constatar cuando ambos partidos coaligados como Junts pel Sí acordaron una hoja de ruta en 2015 para conseguir la independencia en 18 meses. Pese a las alharacas y el compromiso irrenunciable a “ejercer sus derechos por acuerdo o de manera unilateral”, su pugna real es otra bien distinta: controlar el sustancial presupuesto de gasto consolidado de la Generalidad y el Sector Público, 56.415,8 millones en 2023, que se encuentra en manos de los republicanos desde la ruptura en octubre de 2022 del acuerdo de gobierno entre ambos partidos.
Pese a las alharacas y el compromiso irrenunciable a «ejercer sus derechos por acuerdo o de manera unilateral», su pugna real es otra bien distinta
Puigdemont controla desde Waterloo el partido creado por el prófugo en noviembre de 2017 para marcar distancias con la corrupta CDC y su heredera natural, PDeCat , en un intento de rentabilizar su huida de España apenas unas horas después de que el Parlamento aprobara que “Cataluña se convierte en un estado independiente en forma de república” el 27 de octubre de 2017 (27-O). El ahora presidente del ‘consejo de la república catalana en el exilio’, pendiente de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirme la pérdida de su inmunidad como europarlamentario acordada por el Tribunal General de la Unión Europea, ha encontrado paradójicamente en los pobres resultados electorales de su partido el 23-J la tabla de salvación para salir del ostracismo político. Con sus 7 diputados y 1,6 % de los votos el 23-J pretende que Sánchez borre los delitos derivados del proceso y se comprometa a celebrar un referéndum de autodeterminación acordado. Gesticulará para hacerse valer ante los suyos, pero me temo que tendrá que conformarse con mucho menos o ir a nuevas elecciones.
Pese a estar al frente del gobierno de la Generalidad en solitario, la situación de ERC resulta incluso más crítica, porque si bien Puigdemont perdió 137.591 votos, los republicanos sufrieron una auténtica sangría al dejarse 411.976. por el camino. La pregunta que deben estar haciéndose los líderes de ERC es cómo pueden respaldar a Sánchez, para obtener más concesiones y transferencias y asegurarse el apoyo del PSC en el Parlamento de Cataluña, y mantener al mismo tiempo su cuota en el menguante electorado inequívocamente secesionista. ERC, un partido fundado en 1931 tiene un historial golpista irreprochable con Macià proclamando la República en 1931 y Companys volviendo a hacerlo el 6 de octubre de 1934. Ambas proclamas terminaron como el rosario de la aurora, igual que la última intentona con el vicepresidente Junqueras pilotando la nave capitaneada por Puigdemont.
Las dos asociaciones han protagonizado la mayoría de las manifestaciones reivindicativas celebradas en Cataluña y muy especialmente los 11S
Entre ambos partidos y actuando como correas de transmisión social se encuentran dos asociaciones cuyos líderes jugaron un papel destacado en todo el proceso secesionista que culminó el 27-O. Ómnium Cultural, acomodada en el ámbito de la cultura y la lengua catalanas desde su fundación en 1961, dio el salto mortal a la política organizando la manifestación convocada por el presidente Montilla contra la sentencia del Tribunal Constitucional el 10 de julio de 2010. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) fue creada el 10 marzo de 2011 para recoger los frutos de las oleadas de consultas independentistas celebradas en Cataluña entre 2009 y 2011, culminadas con la consulta celebrada en Barcelona el 10 de abril de 2011 en la que el expresidente Pujol y el presidente Mas votaron a favor de la independencia.
Desde ese momento, las dos asociaciones han protagonizado la mayoría de las manifestaciones reivindicativas celebradas en Cataluña y muy especialmente los 11 de septiembre para celebrar la caída de Barcelona al final de la Guerra de Sucesión en 1714. Su apogeo como animadores infatigables del proceso secesionista coincidió en el bienio 2016-2017, cuando con Puigdemont (CDC) y Junqueras (ERC) al frente del gobierno de la Generalidad y Forcadell presidiendo el Parlamento se aprobaron la ley del referéndum y la ley de transitoriedad política y fundacional de la república, se realizó un referéndum ilegal el 1 de octubre, y culminó con la proclamación solemne de la independencia en el Parlamento el 27-O.
Aragonés destituyó al vicepresidente Puigneró y JxCat decidió en respuesta abandonar el gobierno de la Generalidad
La contrapartida en Cataluña a la imagen del coronel Tejero entrando por la fuerza en el Congreso fue la quiebra de la legalidad que supuso ver a los dos ‘Jordis’ encaramados a un vehículo de la Guardia Civil para impedir la actuación de la policía judicial en la Consejería de Economía el 20 de septiembre o las agresiones a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado el 1-O cuando acudían a requisar las urnas. Ambos lideres, Sánchez (ANC) y Cuixart (Ómnium), fueron, como Junqueras y otros miembros del gobierno de la Generalidad, detenidos, procesados y condenados por el Tribunal Supremo e indultados por Sánchez en 2022. Y no olvidemos las subsecuentes manifestaciones organizadas por ambas asociaciones en 2018 y 2019 que, como la organizada por la Plataforma 1-O (ANC, Ómnium y CDRs), acabó con violentos enfrentamientos con los Mozos de Escuadra cuando algunos manifestantes intentaron tomar el Parlamento el 1 de octubre de 2018.
En 2022, se hicieron ya evidentes las grietas en el movimiento secesionista catalán. Aragonés destituyó al vicepresidente Puigneró y JuntsxCat decidió en respuesta abandonar el gobierno de la Generalidad. Ómnium, por su parte, rehusó suscribir el manifiesto de la ANC para el 11-S. Las desavenencias subsisten y podrían incluso haberse agravado en 2023, si bien los dos partidos mayoritarios y las dos asociaciones más importantes parecen haber reconocido tácitamente que airearlas públicamente perjudica sus intereses. La reciente expulsión de tres consejeros afines a Junqueras y Rovira del gobierno de la Generalidad y la dimisión de 13 secretarios generales opuestos a la presentación de la lista cívica con que Feliú intenta presionar a ERC y JuntsxCat, son dos muestras de las disensiones dentro de ERC y la ANC. Y ni siquiera JuntsxCat parece estar libre de fuertes disensiones entre el sector más radical (Borrás) y moderado (Turull).
Feliú volvió a amenazar a los partidos con «presentar una lista cívica a las elecciones catalanas impulsada por la ANC»
La relativamente baja participación ciudadana en la Diada 2023, 115.000 personas según la Guardia Urbana de Barcelona, evidenció la menguante fuerza del movimiento secesionista. Puso también de manifiesto las notables diferencias que mantienen los dos grandes partidos separatistas entre sí, ERC y JuntsxCat, desde hace algún tiempo, y la CUP que, como viene siendo habitual en los últimos años organizó sus propios actos con un perfil más radical. Súmese a todo ello la posición de Feliu, presidenta de la ANC que reclamó a los partidos secesionistas que sean coherentes y levanten la suspensión de la declaración de independencia en el Parlamento de Cataluña y advirtió a quienes negocian la investidura de Sánchez en Madrid que la ANC sólo la avalará si se legitima el referéndum ilegal del 1-O y se recupera el proceso interrumpido en 2017. “Independencia o bloqueo de cualquier acto que no sea la independencia. Feliú volvió a amenazar a los partidos con “presentar una lista cívica a las elecciones catalanas impulsada por la ANC”.
Aunque sensiblemente con menos apoyo social, enfrentados y a cara de perro partidos y asociaciones secesionistas, conviene tener muy presente que mientras ERC y JuntsxCat controlen el gobierno de la Generalidad y el Parlamento de Cataluña se seguirán vulnerando los derechos fundamentales de la mayoría de los catalanes, ignorando las sentencias de los Tribunales y contando con los ingentes recursos presupuestario para contentar a su clientela, ganar voluntades e influir en la opinión pública. Pese a haber obtenido tan solo 855.552 votos (3,49 % de los votos emitidos) el 23-J, siguen arrogándose la representación del ‘pueblo’ de Cataluña (7,98 millones de habitantes) y resultaría un nuevo error descartar un nuevo golpe de mano, ahora que la sedición ha dejado de ser un delito y las penas por malversación han quedado dulcificadas, tras la reforma del Código Penal impulsada por Sánchez.
Resulta una irresponsabilidad difícil de exagerar que Sánchez esté dispuesto a echarles un flotador a quienes desprecian la igualdad de los ciudadanos y las instituciones democráticas
No en vano la razón de ser de JuntsxCat es precisamente que “la independencia es viable e inevitable; el proceso no tiene marcha atrás” y la de ERC “alcanzar una sociedad más justa y solidaria, sin desigualdad entre las personas y los territorios… y que la vía para lograrlo es conseguir la independencia”. Justicia y solidaridad, se sobreentiende, con quienes viven en Cataluña, se expresan en catalán y comparten su ideal secesionista. A los demás ciudadanos, residan dentro o fuera de la Comunidad Autónoma, que les zurzan, parafraseando la democrática expresión empleada por Trias -“que us bombín a tots”- tras perder la alcaldía de Barcelona hace unos meses. Por ello, resulta una irresponsabilidad difícil de exagerar que Sánchez esté predispuesto a echarles un flotador a quienes desprecian la igualdad de los ciudadanos y las instituciones democráticas de nuestros Estado de Derecho.
Los secesionistas más demagogos, como Puigdemont, se atreven incluso a invitar “a las personas que creen que el Estado español no tiene voluntad de reformarse ni tan solo de transformarse en una democracia y una economía socialmente responsable y de prestigio en el mundo, a sumarse a este proyecto”. Y ha encontrado algunos valedores incluso dentro del propio gobierno de España, como la vicepresidenta en funciones Díaz que se prestó a entrevistarse con Puigdemont para quien España no es una democracia ni una economía socialmente responsable. A todos nos gustaría saber qué le ofreció Díaz al prófugo pendiente de perder su inmunidad como eurodiputado para convencerle. Con independencia del recorrido judicial que pueda tener la denuncia interpuesta por Sociedad Civil Catalana, admitida a trámite en el Tribunal Supremo, pocas palabras califican mejor ese viaje, desleal en extremo con nuestras instituciones, que las que pronunció el exvicepresidente Guerra: una infamia.
