Las cesiones del PSOE para conseguir la investidura han sumido a ERC y Junts en una pugna por ver quien extrae más recursos y poder del Estado. Pero también han demostrado que saben ponerse de acuerdo si se trata de aprovechar la debilidad de Sánchez en aras de la construcción nacional. Así, ambos partidos registraron ayer las conclusiones de la «Comisión de Estudio sobre la Deuda Histórica del Estado español con Cataluña», que pasan por crear una «ley de financiación singular para Cataluña» y que el Estado salde una supuesta «deuda histórica» que cifran en 465.000 millones de euros.
Y es que, según sus cálculos el Estado debe a Cataluña 50.900 millones de déficit en materia de infraestructuras, 375.000 millones en partidas sociales y 30.000 millones en pensiones. Todo ello formaría parte de una deuda acumulada entre 1982 y 2022. Esto es, una cifra muy alejada de los 15.000 millones de quita de deuda ya lograda por ERC. Por otro lado, en lo referente a la «ley de financiación singular para Cataluña», republicanos y neoconvergentes coinciden en que debería permitir la creación de una Agencia Tributaria Catalana que recaude todos los impuestos sin excepción y fijar un tope a la solidaridad con el resto de España tomando como base el principio de ordinalidad —lo que se traduciría en un sistema parecido al «cupo vasco»—.
