Como es sabido, la inestabilidad generada por el golpe separatista de 2017 supuso la fuga de Cataluña de 7.000 empresas. Ahora, el controvertido pacto firmado por PSOE y Junts para lograr la investidura de Sánchez —que ha merecido el rechazo unánime de las asociaciones de jueces y despertado la preocupación de la Unión Europea— explicita que socialistas y neoconvergentes se comprometen a «facilitar» el regreso de estas compañías. «Se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años», reza el texto.
Sin embargo, múltiples fuentes consultadas por distintos medios —que desean conservar el anonimato dado lo sensible del asunto— aseguran que no están por la labor de regresar, y menos desde el acuerdo PSOE-Junts. Las grandes empresas coinciden en que deberían gozar de «estabilidad jurídica» para un posible retorno, lo que se compadece mal con el ruido generado por el acuerdo entre Sánchez y Puigdemont, que incluso habla de un posible referéndum de autodeterminación. Recordemos que, entre las compañías que trasladaron su sede al resto de España, se cuentan Caixabank, Banco Sabadell, Naturgy, Abertis, Colonial, Catalana Occidente o Cellnex.
