El PSOE y Junts han plasmado en un documento de apenas tres páginas el acuerdo alcanzado en Bélgica para “resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya”. Comprende tres apartados: 1. Antecedentes, 2. Oportunidad Histórica y 3. Acuerdos, y sorprende que tantas idas y venidas y horas de ardua negociación para alcanzar acuerdos que caben en una página y media y la amnistía se despache en diez líneas. Durante las últimas semanas, se hablaba de arduas negociaciones entre los dos partidos para limar las diferencias técnicas que separaban a los negociadores, aunque a la vista del ratoncillo a qué han dado a luz nadie sabe a qué han dedicado tantas horas, desde luego no a mejorar la redacción ni la transparencia del texto finalmente publicado.
Quizá cuando el PSOE de Sánchez presente la proposición de ley sobre la amnistía se aclaren algunas de nuestras dudas, porque de momento más que un acuerdo de legislatura, como insiste Cerdán, el triste emisario enviado por el PSOE de Sánchez a negociar con el prófugo, estamos ante un mero acuerdo de investidura que, como había avanzado en otros artículos, estaba cantado. El prófugo de Waterloo, pese a toda su fanfarronería, iba a investir a Sánchez, sí o sí, porque era su única baza para evitar ser extraditado y juzgado por los delitos en que incurrió mientras presidió sin ninguna honorabilidad el gobierno de la Generalidad. Más allá de su obsesión enfermiza por desacreditar las instituciones de nuestra democracia ante la comunidad internacional, algo que ha hecho con gran efectividad desde su ‘exilio’ en Waterloo, el prófugo no está tan loco como para no investir a Sánchez y desaprovechar los siete escuálidos escaños con que cuenta su partido en el Congreso para regresar a Cataluña.
El prófugo de Waterloo, pese a toda su fanfarronería, iba a investir a Sánchez, sí o sí, porque era su única baza para evitar ser extraditado
Sánchez, por su parte, es un tahúr consumado, que puede sostener que la amnistía no cabe en la Constitución dos días antes del 23-J y lo contrario unos días después, porque lo que diga o haga depende de las bazas que tiene en la mano en cada momento, y resulta inútil pedirle coherencia, sentido de Estado, o buscar una explicación lógica o moral a sus decisiones. Cuenta con infinidad de ‘asentidoras’ y aplaudidores dispuestos a reírle todos sus cambios de opinión, y con infinidad de escribas a sueldo y periodistas en medios de comunicación afines al régimen sanchista, prestos siempre a presentar hoy como honorable y progresista lo que ayer se antojaba deshonorable y regresivo. Y, más diría: Sánchez se ríe abiertamente de todos aquellos que le piden ser fiel a unos principios y actuar con responsabilidad y coherencia, incluidos algunos de los líderes históricos de su partido más respetados, como González y Guerra.
Los dos tahúres reconocen abiertamente en el acuerdo firmado “las profundas diferencias sobre la forma final de la resolución del conflicto, además de las desconfianzas mutuas reconocidas por ambos”, pero los dos apuestan por hacer de la necesidad virtud. Sánchez para ser investido y presumir ante los suyos de un acuerdo de legislatura que garantiza un gobierno ‘progresista’ y les garantiza su sueldo algunos meses más, aunque en realidad la legislatura podría verse truncada en cualquier momento. Y el prófugo para recuperar el protagonismo perdido en la política catalana, y presumir ante los suyos de haber estirado la negociación después de que ERC diera el sí a la investidura, y haber arrancado a Sánchez concesiones de tanto calado como son la apertura de “una nueva etapa en la que, a partir del respeto y reconocimiento del otro, se busque una solución política y negociada al conflicto”, o el reconocimiento de que el “Parlament de Catalunya… representa legítimamente al pueblo de Cataluña”. Menudos logros.
Existe un largo trecho entre lo plasmado en el acuerdo firmado y las fantasías de los eufóricos líderes de Junts que celebran el acontecimiento por todo lo alto
Estamos ante un acuerdo tramposo y los dos tahúres, duchos en estas lides, lo saben perfectamente. La mayoría de los acuerdos alcanzados para respaldar la investidura de Sánchez son más una manifestación de intenciones a desarrollar en un futuro incierto en el que ambos van a jugar sucio y están dispuestos a hacer todas las trampas que puedan. Comprometerse a buscar soluciones no anticipa aceptar las demandas de Junts y ni siquiera de “las demandas mayoritarias” que pueda plantear el Parlamento de Cataluña, como, por ejemplo, la celebración de un referéndum de autodeterminación al amparo del artículo 92 de la Constitución. “Dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones” es una pura entelequia. Existe, en otras palabras, un largo trecho entre lo plasmado en el acuerdo firmado y las fantasías de los eufóricos líderes de Junts que celebran el acontecimiento por todo lo alto y afirman: “hemos ganado en todo, la idea es acabar con este régimen español”.
Puras fantasías, porque el único logro concreto que puede exhibir el prófugo a cambio de investir a Sánchez es la presentación de una ley de amnistía “para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro”, y tener en cuenta “las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura la aplicación de la ley de amnistía en la medida en que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política”. Ya veremos cómo se concretan ambas y cómo se implementa la ley de amnistía en un sistema judicial que, pese a las interferencias del ejecutivo ‘sanchista’ a través de la fiscalía, no es de plastilina. De momento, el prófugo está siendo investigado por terrorismo por un juez en la Audiencia Nacional al que acusa de prevaricar, muy en línea con su actitud bufonesca de que hacía gala el nada honorable presidente del gobierno de la Generalidad cuando se mofaba de las requisitorias que le enviaba el Tribunal Constitucional en 2017.
De momento, el prófugo está siendo investigado por terrorismo por un juez en la Audiencia Nacional
No quiero decir con ello que el apartado de Antecedentes no constituya una claudicación de Sánchez ante un relato que falsea la historia de Cataluña desde 1714 y blanquea el proceso secesionista al presentarlo como una reacción comprensible ante la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de 2006. Ni tampoco que la mera aceptación de la amnistía en un Estado social y democrático de Derecho no daña gravemente la legitimidad de nuestras instituciones, al hacer recaer sobre ellas la sospecha de que las decisiones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial adoptadas para desarticular el golpe de estado protagonizado por el prófugo en primera persona, secundado por todo su gobierno y la mayoría parlamentaria que lo sustentaba, y conceder que respondían a razones ideológicas y sus líderes fueron, por tanto, condenados arbitrariamente u obligados a tomar el camino del exilio. O que la creación de comisiones ad hoc en el Congreso para vigilar “la aplicación de la amnistía” por los jueces no constituya un atentado gravísimo contra la división de poderes.
Ni tampoco voy a negar que este acuerdo refuerza la nefasta política de bloques que, como advertía muy certeramente el presidente González en un video publicado por la Fundación que lleva su nombre, amenaza con extender a toda España la crispación social y la violencia que anidó en Cataluña durante el proceso secesionista y sigue allí latente presta a explotar en cuanto se apruebe la nueva ley del referéndum de autodeterminación que está siendo ya considerada en el Parlamento de Cataluña. Ni tampoco tengo ninguna duda de que las concesiones económicas prometidas a los gobiernos de la Generalidad, El País Vasco y Navarra por Sánchez quiebran la igualdad de los ciudadanos ante Hacienda, son profundamente reaccionarias y van a perjudicar el bienestar de los ciudadanos más vulnerables en el resto de España.
Corresponde a los partidos que rechazan la amnistía canalizar democrática y civilizadamente la repulsa de la sociedad civil
Ya se ha escrito profusamente sobre todos estos asuntos desde el jueves en que se hizo público el acuerdo entre PSOE y Junts. No, lo que me interesa subrayar es que la suerte no está echada y España no se liquida tan fácilmente como los secesionistas creían en 2017 y vuelven a creer ahora. Nuestra sociedad civil y nuestras instituciones democráticas van a resistir el embate del PSOE de Sánchez y hasta dentro del partido socialista hay cada día más voces que no están dispuestas a aceptar que todo vale para seguir adelante. Por ello, resulta extraordinariamente importante que líderes históricos del partido, como González, Guerra, Rodríguez Ibarra, Vázquez, Leguina, Redondo, hayan aireado abiertamente su oposición a la amnistía; otros, como García-Page, presidente de Castilla La Mancha, hayan manifestado que “si hay que dar la batalla, lo haremos”; e incluso que algunos como el hermano de García-Page se hayan dado de baja del partido. El rechazo frontal a la amnistía y al procedimiento lawfare por el pleno del Consejo General del Poder Judicial y todas las asociaciones de jueces y fiscales, trasladado a las autoridades de la Unión Europea por el propio Consejo, constituye otro magnífico ejemplo de resistencia activa a unos acuerdos que socavan el Estado de Derecho.
La pregunta que cada ciudadano preocupado por las consecuencias negativas de los acuerdos firmados por Sánchez con sus avalistas debe formularse ahora es ésta: ¿qué puedo hacer para minimizar el daño causado por dos tahúres sin escrúpulos? Y corresponde a los partidos políticos que rechazan la amnistía canalizar democrática y civilizadamente la repulsa de la sociedad civil, anteponiendo el interés general a los intereses partidistas, y condenar abiertamente, como hizo Ayuso, el recurso fácil a manifestarse con violencia ante la sede del PSOE en Ferraz. Manifestaciones toda las que los ciudadanos quieran, siempre que estén debidamente convocadas, cuenten con un buen servicio de vigilancia y se realicen a la luz del día. Sin otra bandera que la constitucional, porque todo lo demás daña nuestra causa y refuerza a Sánchez y a sus avalistas.
