“A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo” GABRIEL CELAYA
El pacto de investidura, firmado por el partido del gobierno en funciones con un prófugo de la justicia, bien sentenciado por delitos graves contra el orden constitucional, es indigno y contradice los principios y valores básicos del Estado social y democrático de derecho. Las asociaciones profesionales de la mayoría de los cuerpos jurídicos del Estado publican estos días, notas y manifiestos, enfatizando las perversas consecuencias que tendrá en la división de poderes y en el sistema institucional, hoy ya prácticamente gripado. Es muy de alabar que los funcionarios de las profesiones jurídicas demos cuenta ante la sociedad de nuestras opiniones y es muy ilustrador que todas sean coincidentes.
Pero creo que falta un paso más para responder a la confianza que la sociedad ha depositado en nosotros, no basta con rechazar con sentidas proclamas, por muy llenas, que estén de sabias ideas y de buena literatura jurídica. Es la hora de recordar nuestros estudios sobre el derecho de desobediencia civil pacífica, que preconizaba HANNAH ARENDT y sobre el derecho de resistencia que la constitución alemana reconoce a cualquiera ante los que intenten eliminar el orden constitucional y la ley ordinaria, muy en especial, a los funcionarios ante las órdenes recibidas contrarias a la Constitución. Derechos que se basan en la libertad de conciencia y que emparentan con la mejor tradición española del derecho de gentes de la escuela de Salamanca. Ellos son, muy en resumen, derivados inmediatos del derecho a tener derechos.
Sugiero que convoquemos y mantengamos una huelga general pacífica en la que participemos todos los miembros de los cuerpos jurídicos del Estado
Por ello sugiero que convoquemos y mantengamos una huelga general pacifica en la que participemos todos los miembros de los cuerpos jurídicos del Estado, Magistrados, Jueces, Fiscales, Letrados de Cortes, Letrados del Consejo de Estado, de la Seguridad Social, de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos, incluidos los Abogados del Estado y etc. etc. para no aburrir, a la que se pueden unir todos los sectores sociales. Con un llamamiento especial a los Colegios de Abogados y de Procuradores. Huelga con una petición-exigencia directa al depositario de la soberanía nacional, el parlamento, de convocatoria de elecciones. Ante la parálisis política a la que asistimos convoquemos al pueblo para resolver y clarificar la situación. Nada hay más democrático que la invocatio ad populum, la llamada al pueblo. El pueblo es el titular de la soberanía nacional, de la que emanan todos los poderes del Estado. El pueblo no puede ser sustituido por las artimañas de una partitocracia campante e irrefrenable.
No invoco la huelga frente al contenido de los pactos. Esa es la materia que debe estar reservada al debate electoral. No creo que estemos todos de acuerdo, alguno habrá que defienda lo que otros ven indefendible. Pero sí podemos coincidir y creo que estamos todos escandalizados ante el proceso al que asistimos. Todos sabemos que la democracia y el derecho se identifican y se desarrollan a través de procedimientos, de elaboración y exposición de posturas, de debate y de respeto a las minorías y por la búsqueda de consensos. La democracia deliberativa exige para HABERMAS transparencia, dialogo, escucha activa, reconocimiento del otro, plena y respetuosa acción comunicativa; y , por todo ello, es el mejor procedimiento de acción política. Nada más alejado de la oscura realidad política actual. Por ello, el contenido de los pactos de investidura debe ser coherente con lo propuesto y discutido en la campaña electoral y en los programas de los partidos. Ese debate y la aceptación popular con el voto favorable es lo que otorga legitimidad política al contenido de los pacos de gobierno. Sin ella, son solo la expresión de la voluntad de los partidos. Sin legitimidad política no servirán a una transformación positiva de la sociedad.
Ese debate y la aceptación popular con el voto favorable es lo que otorga legitimidad política al contenido de los pactos de gobierno
La democracia es incompatible con el oportunismo y el mercadeo al que asistimos. La torpeza de la causa convierte en ilegítimos los contenidos.
Es fácil y es evidente. No es una medida de fuerza, lo es de sensatez, de recuperar la cordura. Tenemos la obligación moral de hacer la huelga, más allá de nuestras limitaciones estatutarias, impulsemos que nuestros representantes profesionales se pongan de acuerdo con la mayor brevedad y nos convoquen. Esta huelga será el mejor servicio que hoy podamos prestar a la sociedad.
Javier Perez-Ardá es abogado del Estado
