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OPINIÓN | La amnistía y los miedos a nuevas acusaciones

Carles Puigdemont, a principos de septiembre en la sala de prensa del Parlamento europeo.

Mientras que no se reduce, antes, al contrario, el debate sobre la amnistía, hay jueces que continúan realizando su tarea en el modo que estiman oportuno —no voy a entrar en valorarlo— pues no se sienten concernidos, y muy bien que hacen, por una Ley que aún no existe, en contra de las pretensiones independentistas de que la sola presentación de la Proposición de Ley surtiera efectos paralizadores de procedimientos abiertos, pretensión que, por cierto, ya ha sido aceptada por algún Juzgado bajo el convencimiento de que la fuerza de la viniente amnistía lo imponía. Pero, como regla, eso no puede ser, pues da por supuesta la aprobación parlamentaria de la integridad del texto presentado, lo cual no puede darse por supuesto sin ningunear la tarea teórica de los parlamentarios.

Los independentistas  tal vez se resignan a que sea así, y a regañadientes  aceptan que falta un cierto tiempo para ver la Ley en vigor. Mientras tanto, continúan con sus ideas sempiternas, algunas de la importancia del referéndum de independencia que, aseguran, tienen pactado con el Gobierno, aunque éste, sin negarlo, advierte que nada se hará fuera de la Constitución y eso, concretamente, someter a votación la separación de una parte del Estado, no tiene cabida en ella, aunque pueda tenerla conforme a la particular interpretación que de la CE hace, la misma que le permite asegurar la constitucionalidad de la proposición de ley de amnistía.

Esas dudas no importan, pues tanto Junts como ERC siguen cabalgando convencidos de que, ahora sí, tienen cogido a Sánchez de tal manera que no tendrá más remedio que pasar por el tubo, y eso es tan cierto para ellos que ni siquiera creen que, como mínimo,  tendrían que ser más respetuosos con el Estado, del que tanto esperan. Lejos de ello, siguen multiplicando las afirmaciones de que son un Estado diferente, cosa que una mayoría de catalanes no comparten, y faltando al respeto a la Jefatura del Estado, con ostentaciones de inasistencia a actos presididos por el Rey. Ese tipo de cosas les proporciona, sin duda, un placer irrenunciable y, aparentemente, de poco coste político. 

Mas no todo es tan placentero, pues, por lo visto y oído, en el cielo independentista hay nubarrones. El más inconfeso, aunque sea el menos comentado, es el miedo a que Sánchez les haya timado y dentro de unos meses tengan que enfrentarse a sus bases y confesar que han sido perreados. De todos modos, a ninguna persona sensata le preocupará ese motivo de desvelo de los independentistas, y a muchos hasta les encantaría que Sánchez les hubiera sacado los votos para la investidura y, luego, si te he visto no me acuerdo. La necesidad de aprobar Leyes les concederá una duradera influencia en la vida política, aunque Junts ya ha «amenazado» con votar con el PP, y el Gobierno, sin necesidad de amenazar, puede usar y abusar de la vía del Decreto-Ley.  Veremos hacia donde va la nave, con la seguridad de que no nos aburriremos,  aunque el precio tenga que ser el deterioro del Estado y de las relaciones entre los Poderes que lo integran.

El gran nubarrón que turba la paz de Puigdemont, según ha transcendido, es el miedo a que los jueces que hayan de aplicar la Ley de Amnistía cuando se apruebe, entren por la puerta que ofrece el artículo 2 de la Proposición de Ley excluyendo de su alcance los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional, esto es, los descritos y penados en Título XXIII del Libro II del CP, y si ese conjunto de tipicidades no quedara incluido en el ámbito material de la amnistía se abriría un riesgo que podría echar a rodar todo el plan construido en torno a ella.

Por lo visto y oído, en el cielo independentista hay nubarrones. El más inconfeso, aunque sea el menos comentado, es el miedo a que Sánchez les haya timado y dentro de unos meses tengan que enfrentarse a sus bases y confesar que han sido perreados

El temor a que eso suceda, al parecer, lo ha provocado el Juez de la Audiencia Nacional que investiga el llamado Tsunami Democrático calificándolo como un posible hecho terrorista, en cuya preparación se habrían producido contactos con Gobiernos extranjeros, concretamente, el suizo y,  al parecer,   también se alude, en la misma causa, a contactos, o intentos de tenerlos,  con el Gobierno ruso por emisarios de Puigdemont. Esos supuestos contactos podrían subsumirse en el artículo 592 del Código Penal, que dispone que «serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeras».

Y eso es lo que turba el sueño de Puigdemont cuando se veía cruzando la frontera bajo palio, recibido por las más altas dignidades del Estado. Acostumbrado a que le digan que sí  a  todo ya ha manifestado que exige la supresión de ese artículo 2 de la Proposición de Ley, lo que solicitará mediante la oportuna enmienda, y, es de suponer, que será uno de los temas de debate en los encuentros secretos entre el PSOE y Junts. 

La pregunta lógica no es si el PSOE aceptará  la supresión de ese artículo 2, al fin y al cabo, cosas peores hemos visto. Pero creo que la cuestión es algo más complicada, pues no se trata de lucubrar sobre lo que el PSOE puede llegar a tragar, que,  sin duda, es mucho, como tiene sobradamente demostrado, y no es preciso recitar los hechos que corroboran esa afirmación, sino algo implícito pero diferente: si Puigdemont manifiesta ese temor a que por esa puerta puedan alcanzarle los que él mismo ha calificado como “cuervos togados que enseñan garras” necesariamente ha de ser porque tiene motivos para suponer que una acusación de haber intentado conseguir la ayuda rusa para forzar los planes independentistas, cuestión de la que se había hablado muchas veces pero sin darle especial credibilidad, podría encontrar fundamento suficiente como para iniciar un procedimiento por un delito expresamente excluido del alcance de la amnistía. 

Por el momento tenemos el dato seguro de la exigencia de la supresión de ese artículo. Cuál pueda ser la reacción del PSOE no es posible anticiparlo en estos momentos, pero hay que recordar que el texto de la Ley de Amnistía, si se suprimiera dicho artículo, llegaría a conocimiento y valoración de instancias supranacionales que verían con asombro cómo se había forzado a la extensión de la amnistía incluso a delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado, lo que se sumaría a los muchos motivos de incompatibilidad de la futura Ley con la legislación europea fundamental. 

Bien es cierto que Sánchez ya ha logrado la investidura que tanto deseaba, y alcanzado ese objetivo se reduce la capacidad de amenaza del independentismo, aunque,  en todo caso, en cuanto a la necesidad de una razonable normalidad en la vida política, mientras que el independentismo radical siga siendo el socio preferente lasciate ogni speranza

Gonzalo Quintero
Gonzalo Quintero
Catedrático de Derecho Penal y Abogado

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