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El PP presenta una enmienda a la totalidad de la «ley de impunidad» y propone disolver partidos «desleales»

Los populares quieren reformar el Código Penal y tipificar como delitos las declaraciones de independencia y los referéndums

El expresidente Carles Puigdemont posó en 2017 con todos los autos judiciales que le advertían de que no debía celebrar el referéndum ilegal.

El PP ha presentado este miércoles una enmienda a la totalidad de la propuesta de ley de amnistía pactada entre el PSOE y Junts y a la que el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, se ha referido como «ley de impunidad». Esta enmienda a la totalidad, ha señalado Tellado, es el primer paso que dará el PP para «tratar de rearmar al Estado» y conseguir «frenar y revertir el daño que independentistas y socialistas están haciendo a las instituciones» de España.

El PP considera que la ley de amnistía «trata de reescribir la historia más reciente de España» y que «no se basa en favorecer la convivencia en Cataluña». «Es un pago político», ha subrayado Tellado, «una burda compra de votos a cambio de impunidad judicial para personas que cometieron delitos. Es un ataque a los principios de legalidad e igualdad de todos los españoles ante la ley». Tellado, además, ha recordado que la amnistía era considerada inconstitucional por el propio PSOE hasta las generales del pasado 23 de julio.

Rearme y fortalecimiento del Estado

Con su enmienda, el PP propone «el rearme y fortalecimiento del Estado y de nuestra democracia», ha afirmado Tellado. Así, el PP plantea una reforma del Código Penal que tipifique como delitos «de deslealtad inconstitucional» la celebración de referéndums o consultas ilegales y la promoción por parte de «autoridades, cargos públicos y funcionarios» de «la inobservancia de las leyes o el incumplimiento de las resoluciones judiciales, buscando perjudicar la unidad» de España.

Además, el PP propone también la «disolución» de aquellas «organizaciones o personas jurídicas» que incurran en este tipo de delitos y condenas de entre cinco y 10 años de prisión por organizar un referéndum o declarar la independencia.

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