Cualquier observador de la realidad política medianamente imparcial podía colegir que las consecuencias de la moción de censura que aupó a Sánchez a La Moncloa el 1 de junio de 2018, contando tan sólo con el respaldo de los 90 diputados del PSOE (82) y PSC (8), sólo podía tensionar aún más la vida política y reforzar a medio plazo a los partidos secesionistas en Cataluña y El País Vasco. La falta de respaldo en el Congreso dejó a Sánchez a merced de sus avalistas y tras los pobres resultados cosechados por el PSOE y el PSC en las elecciones generales de abril y noviembre de 2019, Sánchez optó por hacer bandera del enfrentamiento con el PP y formar un gobierno de coalición con Unidas Podemos, el variopinto conglomerado de partidos con los que, según palabras del propio Sánchez, resultaba inviable formar un gobierno de coalición, porque según aclaró a sus potenciales votantes no podría dormir tranquilo por las noches en caso de hacerlo. Pelillos a la mar: estamos ante un hombre a prueba de insomnio al que no sacaría de su letargo ‘progresista’ ni un terremoto de grado 8. ¿Ha sufrido algún daño mi Falcón?, se preguntaría al despertar.
Necesitaba contar, además, con el respaldo en el Congreso de los partidos secesionistas PdECAT-Junts y ERC, protagonistas del fallido proceso independentista en Cataluña en 2017, con el PNV, un partido capaz de pactar con cualquier fuerza política predispuesta a otorgar más privilegios a los ciudadanos en El País Vasco y propiciar sus aspiraciones independentistas, y con EH Bildu, el brazo político y heredero ideológico de la banda terrorista ETA. En la pasada legislatura ya asistimos a la rehabilitación de ERC con la apertura de una mesa de negociación bilateral con el gobierno de la Generalidad de Cataluña y la concesión de indultos en 2021 a los golpistas juzgados por el Tribunal Supremo y condenados por sedición y malversación de fondos públicos, incluido Junqueras el líder de ERC. Incluso más llamativo resultó la rehabilitación de EH Bildu convertido también en socio preferente o prioritario del gobierno de Sánchez para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), una formación política que, según nos aclaró el delegado del gobierno de Sánchez en Madrid, “Bildu ha hecho más por España que muchos patrioteros de pulsera”. ¿Amnesia o síndrome de Estocolmo? Lo que ustedes prefieran.
Exonerar a delincuentes políticos que siguen considerando legítimo lo que hicieron diluye las bases del Estado de Derecho
Si la necesidad de contar con el respaldo de sus avalistas en la legislatura pasada resultó tóxica, la nueva legislatura promete serlo en dosis aumentadas. Para asegurar la investidura, los pactos sellados por el PSOE de Sánchez con Junts, el partido liderado por el prófugo de Waterloo, obligaron al grupo socialista en el Congreso a hacer de la necesidad vicio y registrar una proposición de Ley Orgánica de amnistía en la que se procede a constitucionalizar actos que los propios promotores de la norma habían calificado como delitos de rebelión y comprometido con sentar a sus autores en el banquillo. Pues bien, una vez aprobada esta norma indecorosa, quedarán amnistiados todos los “actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable, ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparación o de sus consecuencias, siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023”. Más allá de la inconstitucionalidad de la norma, exonerar a delincuentes políticos que siguen considerando legítimo lo que hicieron y prometen volver a hacerlo diluye las bases del Estado de Derecho sobre las que se asienta nuestra democracia.
Para el prófugo de Waterloo, a la espera de que el Tribunal de Justicia de la UE confirme la pérdida de su inmunidad como europarlamentario ya acordada por la Eurocámara y el Tribunal General de la UE, la amnistía supone su rehabilitación política al frente de un partido para el que “la independencia es viable e inevitable; el proceso no tiene marcha atrás. Queremos la libertad plena de nuestro país y para nuestras gentes, por eso somos leales al compromiso de hacer efectivo el mandato del 1 de octubre y conseguir la independencia”. (Subrayados míos.) Que nadie se engañe: la amnistía es sólo un paso en el camino para conseguir la independencia y amnistiar a los golpistas sólo va a servir para deslegitimar nuestra democracia, dándoles la razón a quienes equiparan con actos represivos todas las acciones adoptadas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para desarticular el golpe de Estado consumado el 27 de octubre de 2017 y no han cesado antes y después del fallido golpe de Estado en afirmar que España no es una democracia.
La amnistía es solo un paso en el camino para conseguir la independencia y amnistiar a los golpistas solo va a servir para deslegitimar nuestra democracia
Del mismo modo que los catalanes constitucionalistas contemplábamos con enorme escepticismo y preocupación los intentos de negociación de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría con el gobierno de la Generalidad para frenar el proceso en 2016 y 2017, rechazamos ahora la apreciación del grupo socialista de que “con esta ley orgánica de amnistía las Cortes Generales acuden de nuevo a un mecanismo constitucional que refuerza el Estado de derecho para dar una respuesta adecuada más de diez años después del comienzo del proceso independentista, cuando ya se han superado los momentos más acusados de la crisis y toca establecer las bases para garantizar la convivencia de cara al futuro”. Esta ley ni es más constitucional de lo que lo era antes del 23-J, ni las concesiones del gobierno a los secesionistas de otorgarles un trato bilateral van a sentar las bases que garanticen la convivencia cordial en Cataluña. Más bien al contrario, van a dar alas a Junts y ERC para reavivar las brasas del apagado movimiento secesionista y van a extender el conflicto territorial a otras Comunidades Autónomas, cuyos gobiernos se sentirán lógicamente maltratados viendo cómo el PSOE de Sánchez premia a los desleales.
2023 terminó con lo que bien puede calificarse como una rendición del Estado de Derecho en toda regla y la nueva legislatura empieza su andadura sellando unos pactos nada transparentes con todos los enemigos declarados de las instituciones constitucionales que no auguran nada bueno para los próximos meses y años. Sánchez quiere ganar tiempo aprobando los PGE antes de marzo, incluso antes quizá de que se apruebe y comience a aplicarse la ley de amnistía, a fin de disponer de cierto margen de tiempo para que sus políticas populistas hagan olvidar a los electores la ley de amnistía, sabedor de que las exigencias de realizar referéndums de autodeterminación en Cataluña y El País Vasco están en la sala de espera, y aceptarlas terminaría de hundir el suelo electoral del PSOE en el resto de España.
Sánchez quiere ganar tiempo aprobando los PGE antes de marzo, incluso antes quizá de que se apruebe y comience a aplicarse la ley de amnistía
Son ya muchos los votantes socialdemócratas que han dejado de ser fieles a unas siglas manchadas por las mentiras reiteradas de casi todos los líderes actuales del PSOE y muchos más son los ciudadanos que podrían sumarse a la desbandada si las exigencias del prófugo, Junqueras, Otegui y Ortuzar de realizar referéndums de autodeterminación llegaran a materializarse. Sánchez juega con la idea de entretener a todos durante algún tiempo, pero incluso concediendo su excepcional habilidad para engañarlos, me atrevo a pronosticar que esta legislatura no va a durar ni siquiera tres años y medio. Los indultos llegaron bien mediada la legislatura anterior, pero la amnistía llega casi antes de empezar ésta y tanto si el prófugo resulta amnistiado y regresa a Cataluña para dar la batalla del referéndum, como si alguna dificultad le impidiera hacerlo con seguridad, a Sánchez le va a temblar la tierra bajo su silla. No voy a decirles qué regalo he pedido a los Reyes Magos.
